El monopolio ideológico de los medios de comunicación en Chile

Durante los últimos años, se ha desarrollado un proceso de concentración económica de los  medios de comunicación que ha llevado a la formación de dos grandes grupos empresariales que controlan casi la totalidad de la prensa escrita. La evidencia al respecto sugiere que esta situación ejerce consecuencias negativas sobre el derecho a la información y la libertad de expresión. Lo que se agrava por el rol de la publicidad privada y por los mecanismos de distribución de recursos estatales.
La conjugación de estos factores resulta en un sombrío escenario, que hace necesaria la intervención del Estado en este mercado para evitar la concentración de los medios de comunicación en monopolios que limiten la libertad de expresión y el derecho a la información, pero una vez que se corrijan ciertos mecanismos de asignación de recursos publicitarios públicos.
Duopolio comercial – Monopolio ideológico.
 
En la actualidad, la concentración económica de los medios de comunicación puede considerarse un duopolio comercial en manos de El Mercurio (dueño del diario del mismo nombre, Las Últimas noticias, La Segunda y otros 23 diarios regionales) y el Grupo Copesa (dueño La Tercera, La Cuarta y La Hora). En conjunto, concentran el 95% de los diarios que circulan en el país, según un estudio de FUCATEL. Además, controlan la venta neta de diarios impresos como demostró un estudio de la consultora transnacional Klynveld Pet Marwick Goerdeler (Asociación Nacional de Prensa, 2009). Según los resultados de este estudio, correspondientes al segundo semestre del 2008, los periódicos asociados a Edwards suman un 39,85% del total de la venta neta, mientras Copesa suma un 42,01%. Juntos representan el 81,86%.
La principal fuente de financiamiento de los medios de comunicación es la publicidad. Hace décadas que los diarios dejaron de financiarse con sus propias ventas. En 2008, la empresa Megatime registra solo en Santiago un monto de publicidad total que supera los 80 millones de UF, del cual el 30% fue a periódicos. La repartición de la “torta” de inversión publicitaria reafirma al duopolio: el 54,8% fue a periódicos del Grupo El Mercurio y un 25,3% al Grupo Copesa.
¿Que implica que los medios de comunicación escrita se encuentren concentrados en dos grandes grupos económicos? ¿Que implica que el financiamiento de estos medios sea la publicidad pagada por privados? En esta situación, los medios deben tomar en consideración a dos tipos de públicos diferentes. Un “primer cliente” que compra el diario y espera encontrar noticias que le interesen y el “segundo cliente” que le paga al diario por publicidad, y que en el último tiempo se ha convertido en el verdadero financista del medio de comunicación. Por tanto, el “segundo cliente” se ha vuelto determinante en la definición de los contenidos y la línea editorial, pues es su dinero el que permite la existencia de determinado medio. Esto implica presiones cuando los contenidos que se difunden pueden comprometer los intereses corporativos del avisador.
Lo grave de la situación no es solo la existencia de pocos actores en el mercado, sino su uniformidad en la cobertura informativa, de opiniones temáticas y de proyectos político-ideológicos en sus líneas editoriales. El Profesor Gustavo Gonzáles (2008) del ICEI de la U. de Chile plantea que el duopolio es en realidad “un monopolio de dos cabezas”. Un “monopolio ideológico” que los expertos atribuyen, por un lado, a la ya mencionada necesidad de financiarse vía publicidad privada, lo que implica un tratamiento del acontecer nacional que deje contento al “segundo cliente” y, por otro lado a las características del empresariado chileno, como
            “su alto nivel de uniformidad ideológica, que en lo económico se expresa en un alto nivel de compromiso con el modelo neoliberal, y en lo cultural en un fuerte conservadurismo valórico, de modo que cuando actúan como avisadores utilizan la inversión publicitaria como una herramienta para fortalecer a aquellos medios que les son más afines” (Monckeberg, 2009: 433).
Sunkel y Geoffrey (2011) agregan que este es un empresariado ideológicamente homogéneo que  no se la va a jugar por la diversidad sociocultural. Su apuesta siempre va a estar más bien en medios que le garanticen el acceso a unas determinadas audiencias y que, además, sintonicen -o por lo menos no hagan ruido- a sus coordenadas ideológicas.
El libre mercado ha llevado a un escenario sombrío. La concentración económica de los medios de comunicación y el uso de la publicidad privada como herramienta para favorecer determinados medios con afinidad ideológica ha producido un duopolio comercial-monopolio ideológico que limita de forma grave el pluralismo de los medios de comunicación y pone restricciones a la libertad de expresión.
La censura indirecta del Estado.
La publicidad privada no es la única fuente de financiamiento del monopolio. La publicidad  proviene también de instituciones del Estado y sus empresas. El llamado avisaje estatal es la inversión en publicidad de las distintas reparticiones públicas. Según un estudio realizado por FUCATEL, la publicidad del Estado alcanzó en 2005 los $10.730.000.000, donde el 77% de estos dineros fueron a parar a El Mercurio y Copesa  (FUCATEL, 2009).
Algunos explican esta situación planteando que la circulación y la gran cantidad de ventas de El Mercurio justifican que acapare la mayor parte del avisaje estatal, pues así la publicidad del Estado llega a la mayor cantidad de público posible. Sin embargo, esto no parece buena explicación para el hecho de que el 50% de la publicidad de los proyectos sociales de CORFO y la de FONASA se entreguen a El Mercurio pues los beneficiados y afiliados a ambas instituciones estatales pertenecen a los estratos socioeconómicos medios y bajos, lejos del perfil de los lectores de El Mercurio. Según un estudio de Kantar Media Research, un 32% de los lectores del diario pertenecen al sector ABC1 y un 36% al C2. ¿Tendrán FONASA?
Discrecionalidad y arbitrariedad son las palabras que definen el mecanismo a través del cual el Estado entrega recursos publicitarios, según una Comisión investigadora de la Cámara de Diputados en su informe aprobado en 2007. Lo que podría convertirse en una forma de censura indirecta, al entregar dinero solo a medios afines a la autoridad de turno o “castigar” a los que realicen investigaciones que los perjudiquen, como lo muestra el informe sobre Censura indirecta y publicidad oficial de la Asociación por los Derechos Civiles  (Asociación por los Derechos Civiles, 2008).
Deber de Estado: garante de derechos.
 
Por una parte, el libre mercado ha puesto límites al pluralismo de los medios de comunicación  y restricciones a la libertad de expresión. Así lo demuestra la concentración de los medios en dos grupos económicos y el uso de la publicidad privada como herramienta para favorecer a medios con afinidad ideológica. La existencia del duopolio comercial-monopolio ideológico afecta gravemente el pluralismo.
Por otra, el Estado y sus mecanismos poco claros dejan a la discrecionalidad y arbitrariedad de la autoridad el uso de los recursos públicos destinados a la publicidad, lo que ha favorecido la concentración económica en el sector. Puede convertirse en una herramienta de censura indirecta y discriminación arbitraria, al favorecer a medios de comunicación afines.
Pero, ¿Por qué es necesario que se intervenga en este mercado concentrado y se corrijan los mecanismos de asignación de recursos del Estado?
El derecho a expresarse libremente implica el derecho al acceso a fuentes de información verídicas. De ellas, se desprende la libertad de prensa y la condena a cualquier acto de censura. Por tanto, si se considera que la libertad de expresión y el derecho a la información son dos garantías fundamentales en un orden democrático:
Primero, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificados por Chile consideran la libertad de expresión como una garantía fundamental que el Estado debe proteger. Dejar este derecho al arbitrio del mercado tiene las consecuencias que hoy apreciamos en Chile.
Segundo, la existencia de monopolios y oligopolios que controlen la propiedad de los medios de comunicación afectan el ejercicio pleno de la libertad de expresión y el derecho a la información. La Declaración Interamericana de Principios sobre la libertad de expresión lo plantea así: “Los monopolios u oligopolios en la propiedad y control de los medios de comunicación conspiran contra la democracia… al restringir la pluralidad y diversidad que asegura el pleno ejercicio del derecho a la información de los ciudadanos” (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2000).  Debido a este peligro, la Relatoría para la Libertad de Expresión de la OEA ha definido como un problema urgente a ser resuelto en América Latina, el limitar la hegemonía discursiva y el control de la agenda informativa que generan los distintos monopolios y oligopolios en la región.
Tercero, la Constitución de Chile garantiza la libertad de emitir opinión y de informar sin censura, además consagra el derecho a la no discriminación arbitraria en el trato que debe dar el Estado en materia económica.  Esto hace necesario regular los mecanismos usados por el Estado para entregar recursos a la prensa, evitando la discrecionalidad y la posible censura indirecta, de acuerdo a la Declaración Interamericana sobre libertad de expresión. Pues esta forma de entregar recursos públicos ha contribuido a la desaparición de 5 diarios nacionales (Fortín Mapocho, La Época, El Metropolitano, Diario Siete y Diario Uno) que no pudieron acceder a estos recursos, ni mucho menos a la publicidad privada por el sesgo ideológico del empresariado. Buscando evitar este destino, la Revista Punto Final demandó al Estado de Chile por lo que considera un trato discriminatorio que favorece la concentración económica en desmedro de la libertad de opinión y expresión.
Conclusión.
La libertad de expresión y el derecho a la información son de los derechos más importantes del sistema democrático. El libre mercado y mecanismos arbitrarios de entrega de recursos públicos pueden terminar en un mercado concentrado y uniforme ideológicamente en desmedro del pluralismo y la libertad de expresión. El Estado garante de estos derechos, según la constitución y diversos tratados internacionales, debe velar por su cumplimiento. Las recomendaciones internacionales van en la misma línea: el Estado debe evitar la concentración de los medios de comunicación en monopolios que limiten la libertad de expresión y el derecho a la información. Las formas para lograrlo, la experiencia comparada de otros países, es la discusión que ahora debe comenzar.

 

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