Detención y desaparición de José Vergara: la responsabilidad de Carabineros y el Estado

Tres meses y medio han pasado  desde la desaparición de José Vergara, a quien se le perdió la pista tras ser detenido por Carabineros el pasado 13 de septiembre. No es el primer detenido desaparecido en democracia, aunque esperamos que sea el último.  José Huenante también fue detenido por personal policial un 2 de septiembre de 2005, sin que hasta hoy se tenga información sobre su paradero. Esto se suma a una seguidilla de abusos policiales documentados, como asesinatos, secuestros y torturas. De hecho, sólo hace unos días se dio a conocer el fallo de la Corte Suprema que condenaba al Estado Chileno a indemnizar a la familia de Matías Catrileo, joven mapuche asesinado en 2008 por el cabo de Carabineros Walter Ramírez.

Más que los hechos en sí mismos, de por sí gravísimos, lo que alarma es la respuesta de Carabineros y del propio Estado cuando estos hechos ocurren. Es de suponer que no hay país en el mundo que pueda considerarse inmune a los abusos policiales, no eso lo que sobrecoge, lo que sobrecoge es la tendencia institucional a asumir primeramente una defensa corporativa de este tipo de acciones, como asimismo lo débil de las sanciones que pesan sobre sus responsables, en caso de existir alguna. Sólo un botón de muestra: habiendo quedado acreditado los intentos de encubrimiento de la detención ilegal y desaparición de José Vergara por parte del comandante de la Comisaria de Alto Hospicio –con una grabación suministrada por la propia familia del afectado- esto tuvo por única sanción el traslado del funcionario.

No deja de llamar la atención la celeridad con que el Estado encontró y está castigando a los responsables de la muerte de un efectivo de la PDI a manos de delincuentes, frente a la modorra y falta de convicción  con que avanzan las investigaciones cuando los crímenes han sido cometidos por personal policial. De hecho, en materia de gestos, resulta elocuente que tanto la Presidenta de la República como su ministro de Interior, visitaran a la familia del detective baleado, mientras que ese mismo gesto aún no se replica con la familia de José Vergara. De hecho, el General de Carabineros Fernando Petit, a cago de la Región de Tarapacá, aún no se digna a recibir a los familiares de la víctima, a pesar de sus reiteradas solicitudes.

Pero hay incluso hechos más concretos, como por ejemplo, ¿cómo se explica que los Carabineros responsables de la desaparición de José no fueran separados al momento mismo de su detención, con el objetivo cierto de evitar que concertaran una versión común sobre los hechos investigados? Resulta claro y evidente que existen manos distintas para abordar crímenes, dependiendo de si su autor porta o no una insignia.

Incluso si se quiere, ya a nivel más pueril, una serie de acciones documentadas en video dan cuenta de la falta de criterio de muchos carabineros, que podrían considerarse lamentables casos aislados si no fuera por el silencio y la impunidad con que son tratados por la institución y el propio gobierno. ¿Qué pasa con el caso de una persona en situación de calle que fue brutalmente detenido por portar un cuchillo mantequillero con el que estaba cortando un tomate en la vía pública?, ¿o el caso de una madre que fue reprimida por que su hija de cuatro años “atropelló” a una funcionaria pública con un autito a pedales? Hechos sin duda bochornosos,  pero que tienen un trasfondo común: la incomprensión policial sobre la importancia del respeto de los derechos civiles, los que asisten a toda persona por el sólo hecho de serlo.

Por todo lo anterior es que se hace necesario avanzar urgentemente en medidas como: a) aumentar las penas y sanciones para los funcionarios de las fuerzas de orden y seguridad que cometan crímenes; b)limitar la jurisdicción de la Justicia Militar, para que sean tribunales civiles los que juzguen delitos cometidos contra civiles; c) establecer una clara responsabilidad jerárquicas en los mandos institucionales en caso de delitos cometidos por funcionarios en sus ámbitos de responsabilidad; d) fortalecer la formación en materias como DD.HH. en todas las casas matrices de las fuerzas de orden y seguridad; y c) establecer un compromiso firme y claro por parte del Estado y las instituciones policiales en cuanto a no tolerar el abuso.

En momentos en que distintos sectores políticos, particularmente la Derecha, pujan por lograr  mayores sanciones para quienes atenten contra la integridad de los funcionarios policiales, resulta inaceptable que dicha condición solo conlleve más protecciones pero no más responsabilidades. Una sociedad moderna y civilizada como pretende ser nuestro país, debe en primerísimo término, tener la capacidad de controlar a sus cuerpos armados, creados para proteger y servir, no para agredir y actuar arbitrariamente. La democracia no tolera otro tipo de comportamiento.

 

 

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