La maldita Ley de Pesca y el poder del dinero

 

  • El brazo largo del grupo Angelini mediante Corpesca tras la destrucción de los recursos marinos y de las necesidades de trabajo y de alimentación de la gente.
  • La colusión entre los intereses privados y algunos legisladores inmorales, como Orpis, Rossi e Isasi, en contra del bienestar de las mayorías.
  • La lucha por el empoderamiento de los pescadores artesanales y la ciudadanía.

 

“…sin peces, padre tendremos que quemar la barca, labrar el trigo entre las ruinas… Padre, que están matando la tierra. Padre, dejad de llorar que nos han declarado la guerra.”

Joan Manuel Serrat

 

Por Andrés Figueroa Cornejo

 

La “Ley Maldita de Pesca”, como bautizaron los pescadores artesanales a la legislación que fijó las reglas de esa industria en 2012, bajo el gobierno del archimillonario Sebastián Piñera, es la normativa más cuestionada en el país desde el retorno de los gobiernos civiles. No sólo porque beneficia exclusivamente a las poderosas pesqueras de la extracción irracional, sino por la corrupción abierta y probada entre legisladores y empresarios.

Y a pesar de que los principales gremios de la industria pesquera, Sonapesca y Asipes, se han empecinado en desinformar a la opinión pública sobre las nefastas consecuencias de la denominada ‘Ley Longueira’ denunciadas por las organizaciones de pescadores artesanales, académicos, actores políticos y algunos parlamentarios, ya la verdad se conoce ampliamente. Porque, al decir del ex presidente norteamericano asesinado en 1865, Abraham Lincoln: ‘Puedes engañar a todo el mundo algún tiempo. Puedes engañar a algunos todo el tiempo. Pero no puedes engañar a todo el mundo todo el tiempo’.

 

Primero cayó el senador Orpis

 

La Ley de Pesca no sólo es presa de  críticas políticas y técnicas debido al visible lobby realizado por la industria. En la actualidad están en manos de la justicia las pruebas de que gigantescas empresas pesqueras pagaron a parlamentarios para influir en que esa ley se votara en 2012 a favor de sus intereses.

El Centro de Investigación Periodística, CIPER, ya en el 2013 comunicó los pagos efectuados por Corpesca, pesquera del grupo económico Angelini, al jefe de gabinete de la entonces diputada Marta Isasi por presuntos estudios vinculados a la Ley de Pesca. Entonces, el gerente general de la empresa, Francisco Mujica, confesó que los pagos habían financiado la campaña de Isasi y de “muchos más”. Inmediatamente después de la publicación, Mujica debió renunciar a su cargo.

Sin embargo, Francisco Mujica no pudo desaparecer de la escena pública como hubiera deseado. Posteriormente el ex gerente debió declarar frente al Ministerio Público que Corpesca también entregó dineros al senador Jaime Orpis (UDI) fuera del período electoral. La firma partió realizando donaciones a su Corporación La Esperanza que luego se transformaron en desembolsos para sus asesores y en pagos mensuales al propio Orpis entre 2008 y 2013. Qué casualidad. Justo se trata del período cuando se tramitó la Ley de Pesca, la cual ingresó al Congreso en 2011 y salió en 2012. Para el baúl de las curiosidades, en la época, Orpis ni siquiera era miembro de la Comisión de Pesca, pero CIPER descubrió que el senador votó y opinó protagónicamente en las decisiones fundamentes que compusieron la criticada Ley General de Pesca, en reemplazo de los legisladores UDI a quienes les correspondía ese cupo. Como si fuera poco, Orpis también patrocinó proyectos de ley que favorecían a Corpesca.

 

Longueira for ever

 

A los pagos de Corpesca a Isasi y Orpis se agregan los ‘aportes’ en dinero que otras pesqueras les entregaron a distintos dirigentes políticos, lo que fue descubierto en la investigación de la Fiscalía sobre el financiamiento ilegal de la política por parte del Grupo Penta. Los datos que se conocen ponen en entredicho la independencia de Pablo Longueira (UDI), quien capitaneó la tramitación de la Ley de Pesca desde el Ministerio de Economía de la administración de Sebastián Piñera. Por eso el documento legal es también conocido como la “Ley Longueira”.

Asimismo, CIPER indica que en la investigación de los pagos ilegales de Penta, el ex gerente Hugo Bravo declaró en la Fiscalía que a Longueira se le cancelaron $100 millones. A ello se sumó que en los escondrijos corruptos de Soquimich, iluminados por la misma investigación, surgieron nombres que paralelamente pasaron boletas por servicios no prestados a SQM, a empresas pesqueras y a la Corporación Centro de Estudios Nueva Minería del ex diputado y socio de Longueira, Cristian Leay (UDI). La ‘movida’ se realizó entre el 2009 y el 2010, cuando Longueira ostentaba el cargo de senador.

 

¿Qué te pasó Fulvio?

 

A poco de terminar octubre de 2015, la publicación Cambio 21, hizo referencia a informaciones propaladas por El Mercurio respecto de correos electrónicos que revelaron que no sólo el senador Orpis está implicado en los favores políticos costeados por  Corpesca para realizar modificaciones hechas a su medida en la Ley de Pesca, sino que también el senador socialista Fulvio Rossi.

¿Qué ocurrió? El 8 de abril de 2010, el dirigente sindical Michel Campillay, denominado en la investigación como cercano a Corpesca, le escribió a Francisco Mujica, ex gerente general de la empresa, sobre quiénes estaban en la Comisión de Pesca del Senado, incluyendo al senador Orpis, tras lo cual recibió como respuesta un “Estamos relativamente bien”.

Después, el 22 de octubre, el gerente de operaciones de Corpesca, Miguel Ángel Escobar, le envió a Mujica un correo con el “Asunto: Consulta sobre incorporar a senador Rossi”. En el texto le pregunta al gerente general de Corpesca: “Cuál es su opinión respecto a informar al senador Rossi, que está de regreso en Chile, respecto de las indicaciones y solicitarle que incluya; por ejemplo, la de retirar del mensaje lo referente al jurel como stock único y dejar a Orpis la indicación de la distribución”.

El Mercurio agregó que ese mismo día, Escobar le escribió a Mujica que “Jaime Orpis confirmó a Michel Campillay que realizaría las indicaciones al proyecto, tal como se las propuso usted, esto será el día lunes 25. Con el senador Rossi se conversó para que apoye”.

Más claro es echarle agua. El caso de Corpesca ilustra escandalosamente la colusión entre un sector de la política y los grandes capitales. La solución pasa por el empoderamiento de la ciudadanía. A la vista, no existe mejor remedio.

 

La palabra de los pescadores artesanales

 

El Consejo de Defensa del Patrimonio Pesquero, Condepp, es una agrupación que integran pescadores artesanales de todo el país, incluyendo a los iquiqueños, y cuyo objetivo primordial es anular la Ley de Pesca. El miembro de su consejo directivo, Gino Bavestrello, indicó que para ellos, “que somos un poblado que ha pescado en las playas por generaciones”, la Ley de Pesca, en su situación actual, significa “una condena de muerte para el modo de vida que hasta ahora hemos conocido”.

“La ley de pesca pone en riesgo la estabilidad laboral de los pescadores artesanales de todo un pueblo. Los pescadores industriales, en cambio, llegaron hace apenas 50 años. Nosotros hemos subsistido toda la vida de los recursos naturales, porque nosotros pescamos para vivir mientras que los industriales pescan para lucrar. Ellos son capaces de agotar los recursos naturales en pos de un negocio”, remató el dirigente.

Para el Presidente del Sindicato de los Pescadores Artesanales de Caleta Cavancha de Iquique, Óscar Zambra, también directivo del Condepp, “la Ley de Pesca es absolutamente nociva para nosotros. Nos hemos visto en la obligación, con los riesgos que supone, de salir a pescar mar afuera, porque en la orilla ya no existen las especies de antes. No hay repoblamiento de sardinas ni anchovetas. Parece que el gobierno no se encargó de advertir lo que estaba pasando con los cardúmenes, con la biomasa. Siempre se privilegió a la grandes empresas que usaban los recursos marinos para hacer harina de pescado y estos son los resultados”.

Zambra agregó que “la crisis además está afectando a la población que consume pescado, porque debido a la legislación, han aumentado los precios de los productos. La Ley de Pesca se fabricó en beneficio sólo de un sector privado, despreocupándose de todos los chilenos. Hoy nosotros estamos en alerta y, al mismo tiempo, como originarios del borde costero y pescadores artesanales, estamos preocupados y decaídos. No queremos desaparecer.”

Por su parte, el iquiqueño Presidente de la Fundación Praxis, Rodrigo Oliva Vicentelo, organización sin fines de lucro que persigue fortalecer los movimientos sociales, enfatizó que “consideramos urgente un cambio en el paradigma mono-pesquero. Desde el mundo artesanal, la ley de Pesca nos sitúa en un lugar absolutamente desfavorable, partiendo de la propiedad de los recursos pesqueros, que está súper concentrado. Ello, en la Región de Tarapacá cobra una relevancia aún más dramática, puesto que el nivel de fraccionamiento de cuotas de la biomasa disponible a capturar es completamente desproporcionado con respecto a la media nacional. En la zona, tenemos los grados más altos asignados al sector industrial”, y añadió que “la sociedad chilena debe comprender que los recursos pesqueros les pertenece, que son parte de su soberanía alimenticia y nacional”.

 

Una esperanza en la FAO

 

En su programa de gobierno, la Presidenta Michelle Bachelet se comprometió a “realizar una evaluación” de la Ley de Pesca para “velar” por los intereses y demandas de todos los sectores. La promesa se concretó el 2015 mediante un convenio con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, conocida como FAO. El acuerdo fue destacado por Bachelet en su cuenta pública del 21 de mayo pasado, cuando afirmó que la evaluación será un proceso “participativo y donde todos los actores podrán estar representados”.

Como era de esperar, la reacción de las empresas pesqueras frente a la magnitud  de denuncias sobre pagos ilegales a parlamentarios, fue pedir prudencia en el análisis de la ley ya votada: “Sería lamentable y deplorable que situaciones puntuales que deben ser investigadas a través de las instituciones de nuestro Estado de Derecho, pudieran afectar una legislación que, a pesar de su implementación, está siendo actualmente evaluada, a solicitud del gobierno por la FAO de Naciones Unidas”, dice la declaración emitida el 27 de mayo de este año por la Sociedad Nacional de Pesca.

El “memorando de entendimiento” entre la FAO y la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura menciona que el objetivo principal es “la evaluación del texto del clausulado de la Ley de Pesca N° 20.627 con el objeto de proponer recomendaciones para compatibilizarlo con los instrumentos y buenas prácticas internacionales para sostenibilidad y gobernanza del sector pesquero”.

Sin embargo, el propio subsecretario de Pesca, Raúl Súnico, se encargó de lanzar por la borda las expectativas del rol de la FAO. Pese a todos los antecedentes existentes, Súnico descartó cualquier vinculación de la firma del convenio con las denuncias de cohecho que penan sobre la tramitación de la ley. “Esos casos son posteriores a la elaboración del programa de gobierno”, expresó Súnico, aunque el primer reportaje de CIPER sobre los pagos ilegales a Marta Isasi se publicó en mayo de 2013 y el programa de Gobierno se presentó en octubre del mismo año. Además, cuando se rubricó el convenio con la FAO ya estaban en pleno desarrollo las discusiones sobre la legitimidad de la ley.

La restricción de la investigación de la FAO es que el principal cuestionamiento a la Ley de Pesca está ligado a cómo se resolvió la asignación de cuotas por 20 años prorrogables a un pequeño grupo de grandes empresas.

Para el director ejecutivo de la ONG ambientalista Oceana, Álex Muñoz, la ascendencia del sector industrial en las decisiones del Congreso no es cosa nueva, ni menos un tema que implique sólo a parlamentarios de la UDI. El director de Oceana no olvida lo sucedido entre los años 2000 y 2002 cuando se entregaron los primeros derechos individuales de pesca bajo la administración de Ricardo Lagos, y el ministro de Economía era Jorge Rodríguez Grossi (DC) mientras que Felipe Sandoval (DC) actuaba como subsecretario de Pesca.

El ecologista indicó que “Son ellos los que por primera vez entregan estos derechos haciendo un fuerte lobby a nombre de estas empresas. Hoy Felipe Sandoval es presidente de Salmon Chile, que agrupa no solamente a las compañías de este sector sino también a otras empresas que están integradas con pesqueras, que son las que le venden la harina de pescado a las salmoneras”.

Otro nexo que le preocupa al director ejecutivo de Oceana es el que sostiene Andrés Zaldívar con el grupo Angelini: “Hay 17 integrantes de la familia Zaldívar que poseen acciones o que trabajan en cargos gerenciales en las empresas pesqueras del grupo Angelini”.

En el curso de la tramitación de la Ley de Pesca la coacción de la industria fue sin vergüenza y en persona. Algunos parlamentarios les abrieron las puertas para que participaran de la discusión legislativa como si fueran sus asesores. Así lo declaró la propia ex diputada Marta Isasi ante la Comisión de Ética de la Cámara, quien en las sesiones se acompañó de un ejecutivo de Corpesca, como una manera de probar que no era la única que permitió entrar a los lobistas de las pesqueras.

De cualquier forma se espera que la FAO diga algo en relación al impacto de la Ley de Pesca en la sustentabilidad de los recursos, toda vez que la situación ha desmejorado vertiginosamente desde que entró en vigencia.

En el 2012, el último año antes de las modificaciones a la “ley maldita”, las condiciones de las pesquerías chilenas ya eran críticas, aunque unas cuantas se mantenían saludables. La anchoveta que se capturaba en el norte del país, por ejemplo, todavía se mantenía en plena explotación. Pero apenas transcurridos  dos años de la vigencia de la nueva legislación, ya está catalogada como una especie sobreexplotada. Entre la XV y la X región el panorama es aún más dramático: los únicos peces que no están sobreexplotados o colapsados, son las sardinas comunes. Según uno de los últimos informes de la Subsecretaría de Pesca, lo que antes aparecía en riesgo de empeorar, ahora está peor. El jurel, la anchoveta del norte y las merluzas de cola, del sur y de tres aletas: sobreexplotados. La sardina española, la anchoveta de la zona central, el congrio dorado y la merluza común: colapsados o agotados.

 

La resistencia

 

Desde la vereda ancha de los intereses de la mayoría, la Confederación Nacional de Pescadores Artesanales de Chile, Conapach, observa en la concurrencia de la FAO una posibilidad de ser oídos. Su líder, Zoila Bustamante, manifestó que “La Presidenta fue muy clara en el discurso del 21 de mayo en que va a haber participación de las partes en este proceso y nosotros estamos a la espera de que esta evaluación sea real y que podamos opinar”.

Asimismo, el diputado Hugo Gutiérrez (PC) ha sido el crítico más firme. Solicita claramente anular la Ley de Pesca. “La historia parlamentaria no conoce la nulidad de ninguna ley de la República. (…) quisiéramos que sea derogada, pero sabemos que la derogación tendrá una implicancia dramática para el presupuesto de la República, por cuanto habría que indemnizar a estas siete familias”, declaró a CNN Chile.

Por el otro costado, el subsecretario Raúl Súnico señaló que diga lo que diga la FAO es imposible que la ley sea derogada.

Sin palabras.

 

El desafío contra el extractivismo y la concentración capitalista

 

El diputado nortino Hugo Gutiérrez asegura que “A través de la corrupción, el mar y los recursos pesqueros se convirtieron en bienes bancarizables, transables e indemnizables, por tan solo 7 poderosas familias: Angelini (Corpesca), Lecaros, Yaconi–Santa Cruz, Sarquis, Stengel, Fernández e Izquierdo, las que se fusionaron en cuatro grandes conglomerados: Orizon, Blumar, Camanchaca Pesca Sur y Mar Food.”. O sea que así como el capitalismo global jamás en toda su historia como hasta ahora había impulsado procesos de fusiones de megacorporaciones en todos los rubros, especialmente el financiero, de acuerdo a informes económicos del liberal periódico español El País, en Chile las ‘alianzas estratégicas’ y colusiones del capital están a la orden del día. Ello significa la constitución de oligopolios mundiales y locales que amenazan con la imposición de los precios de los productos y servicios tanto a los proveedores (Pymes), como a los consumidores. En los hechos, los grandes capitales han secuestrado a las democracias representativas y destruido la famosa ‘libre competencia’ en detrimento de los derechos ciudadanos y las condiciones de vida de las grandes mayorías.

 

(Recuadro)

¿Por qué es fatal la Ley de Pesca?

  • Licita a perpetuidad los recursos pesqueros (un 94% de ellos) exclusivamente a 7 poderosas familias.
  • Es  sumamente permisiva con los buques de factoría chinos, rusos, japoneses, entre otros, que practican la pesca de arrastre, y que ha reducido gran parte de los recursos, mermando las cuotas de pesca de los pescadores.
  • Daña de manera estratégica la soberanía nacional, es decir, de todos los chilenos y chilenas, sobre los recursos hidrobiológicos dentro de la Zona Económica Exclusiva para la exploración y explotación, conservación y administración.
  • El 70% de las pesquerías nacionales se encuentran sobre-explotadas, y la ley insiste en no asegurar que los científicos sepan la real captura. Eso no permite que ellos puedan determinar con certeza los rangos de pesca que permitan tener cuotas de pesca sustentables. Sólo así el mar podrá recuperarse y la industria no será destructiva con el medio ambiente.
  • Son más de 100.000 personas las que dependen directa e indirectamente de la salud de la pesca en Chile, y ella ha sido el motor de desarrollo de muchas de las zonas costeras del país. Una mala ley de pesca, que no permita la recuperación de la pesca, pone en riesgo los empleos de uno de los sectores económicos más importantes del país.
  • La ley agudiza la sobreexplotación y la actual crisis en la pesca puede definitivamente acabar comercialmente con algunas especies.
  • Las industrias seguirán pagando patentes por la flota y no por la pesca. Eso quiere decir que los peces que aún no han nacido ya tendrán dueño.
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