Unap, sistema universitario y gratuidad: la necesidad de fortalecer la Educación Pública

 

El trascendido de que tres universidades estatales, incluida la Universidad Arturo Prat de Iquique, quedarían fuera de la gratuidad, fue un balde de agua fría. Una medida del todo contradictoria con el espíritu que ha guiado la reforma educacional: asumir la educación como un derecho y como pilar el fortalecimiento de la educación pública. A esto se agrega el choque con otro eje del programa de gobierno como es la descentralización. ¿Cómo fortalecer la gobernanza regional si le damos una estocada a los centros destinados a producir y reproducir conocimiento con pertinencia local? El Estado no sólo debe hacerse cargo de sus universidades, sino que debe asumir que los problemas de hoy, son expresión de un sistema impuesto por la dictadura y pensado para destruir la educación superior pública.

El origen del “desaguisado” está en el fallo del Tribunal Constitucional que le da razón al recurso presentado por la UDI, declarando inconstitucional por “discriminatoria”, la llamada “glosa de gratuidad” del Presupuesto de la Nación, en donde se establecían tres requisitos a las universidades para acceder a la gratuidad: estar acreditadas, no tener fines de lucro y tener espacios de participación democrática en los gobiernos universitarios. Frente a esto, La Moneda se abocó a buscar fórmulas alternativas para aplicar la gratuidad, transcendiendo que una de ellas sería poner como único requisito el que las casas de estudios superiores tuvieran a lo menos 4 años de acreditación, lo que dejaba a la UNAP, la UTEM y la Universidad de Magallanes, fuera del beneficio, al contar todas con sólo 3 años de acreditación.

La posibilidad de poner como único requisito de la entrega de gratuidad, los años de acreditación de una universidad, es un paso adelante… ¡pero diez para atrás! Si bien con esta medida el gobierno puede sortear el fallo del TC y aplicar la medida de gratuidad antes que se inicien las postulaciones a las universidades, lo que puede ser una jugada táctica aceptable, es sin embargo un enorme error estratégico. El debate de fondo en este asunto es identificar y poner en valor la diferente naturaleza de las universidades estatales y públicas frente a las privadas. Precisamente el argumento de la Derecha, acogido por el TC, es que todas las universidades deben ser tratadas “igualmente”, aunque sus proyectos institucionales y características jurídicas sean diferentes.

Ahora, sobre el Sistema de Acreditación, sólo advertir: Una universidad es mucho más que el cúmulo de requerimientos formales que se exigen a la hora de obtener años de certificación (N° de académicos jornada completa, o metros cuadrados de biblioteca, entre otros), es ante todo un espacio de reflexión colectiva, de búsqueda del conocimiento y de compromiso con la comunidad, cuestiones mucho más relevantes y ciertamente mucho más difíciles de encajar en un cuadro de Excel. ¿Cómo se mide la pertinencia del conocimiento generado, con la misión de la universidad?; ¿cómo se mide el impacto del quehacer universitario, con el desarrollo de la sociedad que le acoge? De ahí que “salir del paso” en la asignación de gratuidad a partir de un falaz instrumento verificador de “calidad”, resultaría cómico de no ser por sus nefastas consecuencias.

La diferenciación de lo público y lo privado en educación superior no es baladí. Las universidades estatales nacen con la misión de ser agentes de desarrollo para el país, a partir de parámetros comunes consensuados por todos los agentes sociales y políticos. Asimismo, nace como el soporte que ofrece educación entendida como derecho social. Las universidades privadas nacen con la finalidad de promover ciertas formas de comprender la sociedad y el mundo, en el marco de una educación pluralista que entiende oportuno la existencia de distintos proyectos educativos, de ahí la existencia de universidades confesionales o de grupos como los masones. Y luego, tenemos las universidades que se desarrollan como verdaderos holdings privados, que ofrecen y venden títulos, bajo la promesa de movilidad social. Un modelo que encaja con una concepción que, parafraseando al ex presidente Piñera, entiende la educación como “un bien de consumo”.

El Estado entonces, primeramente tiene la obligación de sostener sus propias universidades, porque estas son expresión del acuerdo ciudadano de lo que debe ser la educación superior, más allá de los intereses sectoriales o asociativos específicos, por legítimos que sean. Y peor aún, no es comprensible ni aceptable que el Estado financie con fondos públicos, a casas de estudio que lucran, esquivando descaradamente lo que dice la ley. De ahí que usar sólo el parámetro de los “años de acreditación”, no sólo es corto, sino perverso en sus resultados, pues termina desviando valiosos recursos fiscales del pilar estatal y público, al servicio del desarrollo del país; para subvencionar intereses privados, sean éstos culturales o materiales. Por algo en el mundo las universidades estatales son financiadas con fondos públicos, tal como ocurría en Chile hasta el golpe de Estado.

Esto no resta un ápice la necesidad de que las universidades estatales en general –y la Unap en particular- mejoren su quehacer. Pero el Estado no puede hacerse a un lado, o peor aún, poner en mayor posición de desmedro a estas universidades. Por el contrario, su deber es generar medidas para que en cada región del país exista a lo menos una universidad estatal que se haga cargo a cabalidad de desarrollar la educación pública que el país requiere. De no ser así, ¿qué sentido tiene crear dos nuevas universidades estatales en regiones donde éstas no existen? Persistir en una iniciativa perjudicial para la educación superior pública no sólo es incoherente con el programa de gobierno, sería desleal con las mayorías que votaron para su realización.

 

 

 

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