El poder de veto del TC y la lógica del consenso

 

Ad portas de una nueva discusión política sobre el proyecto de Reforma Laboral, que impulsa el Gobierno, comienza nuevamente a rondar la presencia amenazante del Tribunal Constitucional (TC), que permite a la oposición de turno, restringir las acciones impulsadas por los poderes Ejecutivo y Legislativo.

Este cuestionado organismo, que inicia sus funciones tras la promulgación de la Constitución de 1980, cuenta con amplias facultades, ejerciendo la revisión judicial de las leyes impulsadas por el Legislativo y además de evaluar nada menos que los Decretos Supremos.

Tras los cambios constitucionales del 2005, el Estado pudo despojar a los tres integrantes que representaban al extinto Consejo de Seguridad Nacional (Cosena), ampliado de 7 a 10 sus integrantes, con tres cupos para la Corte Suprema, que se suman a los cuatro representantes del Senado y tres que define el Presidente de la República, que son designados por un periodo de ocho años.

Este tribunal, que en otras naciones con sistemas más representativos y no de supra mayorías como en Chile, opera como un organismo que obliga a las autoridades a someterse a un proceso de rendición de cuentas frente a la ciudadanía, lo que en un sentido ontológico representa una categoría esencial dentro de un Estado.

Pues bien, en nuestro país el TC dista mucho respecto al de otras naciones, sirviendo para que la oposición establezca a través de esta “segunda cámara” un poder de veto que permita bloquear aquellas propuestas de ley que ya han sido aprobadas por el Parlamento.

Que hablar de su consensual integración, que permite a partidos políticos y sensibilidades establecer cuotas de poder dentro del organismo.

No es al azar que el ex Presidente Sebastián Piñera, designara justo un año antes de su salida como ministra del TC, a su jefa del “segundo piso”, María Luisa Brahm o que tras no ser considerado a una repostulación como diputado UDI, el controvertido Cristian Letelier fuera elegido por el Senado a integrar este selecto organismo.

Fueron estas dos mismas personalidades, junto a otros tres integrantes de la segunda sala del TC, que en marzo del año pasado, acogieron el recurso interpuesto por el gerente de SQM; Patricio Contesse, resolviendo suspender temporalmente la investigación en su contra, que encabezaba durante ese tiempo el ex fiscal nacional Sabas Chahuán.

Y más reciente, fue la acogida del requerimiento de inconstitucionalidad del TC y que fue ejercido por un grupo de 31 parlamentarios de derecha por la glosa de gratuidad en la educación y que obligó al Gobierno, casi en las cuerdas, a reconfigurar el proyecto, otorgando beneficios a un grupo de universidades privadas.

De esta forma, el TC se ha constituido en un organismo más, que obliga a la clase política a generar un consenso, que permita no dañar los intereses particulares de un grupo reducido, pero poderoso en nuestro país.

Ya ante la amenaza de parlamentarios de oposición de acudir ante el TC, si el proyecto de reforma laboral no le es satisfactorio, las esperanzas son bajas de alcanzar cambios profundos en un país, que hereda un sistema donde para reformar la Constitución se requiere de las tres quintas partes de la Cámara Alta y  Baja, dos terceras partes para modificar algunos capítulos, sus leyes orgánicas constitucionales necesita de cuatro séptimos y las de quórum calificado exigen la mayoría absoluta.

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