Ley corta de seguridad ciudadana o la nueva letra de la represión en Chile

 

Mientras son encontradas osamentas que podrían corresponder al joven iquiqueño desaparecido por carabineros, José Vergara, el militarismo parlamentario quiere blindar legalmente con más impunidad a los uniformados de todo el país. Es el viejo pinochetismo que sigue guerra con la juventud. Eso sí, ahora trae refuerzos de otrora opositores.

 

“El lenguaje político está diseñado para hacer que las mentiras suenen confiables y el asesinato, respetable”

George Orwell

Gobierno y Congreso afinan un proyecto que refuerza las facultades discrecionales y represivas de las policías, lo que ha sido criticado transversalmente –desde la Corte Suprema al Instituto Nacional de DD.HH.- por su sinsentido desde la óptica del combate del delito y por los peligros que encierra a la hora de resguardar las garantías y derechos fundamentales de las personas. La idea de que alguien pueda ser privado de libertad sin que exista indicio alguno de comisión de delito, sino sólo por la “intuición” –y los prejuicios- del personal policiaco, para muchos representan un verdadero peligro para la democracia. Todo además considerando que por una parte Chile es uno de los países con menores índices de delincuencia del mundo, pero en donde sí persiste una inquietante conducta de abuso por parte de las policías hacia la población. Desaparición de personas, detención arbitraria, torturas y abusos en general, resultan más habituales de lo que una sociedad civilizada debe tolerar y, peor aún, se producen en un ambiente general de impunidad. Los hechos muestran que más que medidas represivas, son políticas de control policial lo que se necesita.

Durante la tarde del domingo 7 de febrero y mientras los familiares del detenido y desaparecido José Vergara buscaban indicios de su paradero en Caleta Buena, en pleno desierto tarapaqueño, encontraron osamentas humanas. La Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) todavía tiene que comprobar la data y sexo de los restos óseos y realizar el peritaje genético para descubrir si corresponden o no a los del joven desaparecido. Independientemente de ello, el hecho constituye un nuevo y doloroso capítulo del calvario espantoso que las hermanas de José Vergara transitan con el fin de hallar al muchacho esquizofrénico apresado a discreción por cuatro agentes de Carabineros de Chile el 13 de septiembre del año pasado.

“No sabemos a ciencia cierta si fue incinerado, descuartizado o lanzado al mar, pero al menos con esta declaración daría cuenta que fue golpeado hasta causarle la muerte y luego de ello enterrado en algún lugar del desierto”, afirmó el abogado de la familia Vergara, Enzo Morales, después de que uno de los uniformados involucrados en la detención del joven rompiera el ‘pacto de silencio’ y confesara parte lo cometido. El jurista también indicó que “Lo dejaron agonizando y luego ellos le ordenaron hacer un hoyo en el desierto para enterrar los restos, y no se pudo negar porque lo amenazaron con enterrarlo a él también”.

Mientras que en la política y doctrina de Carabineros ha persistido una conducta represiva contra ‘todo lo que se mueva’ durante los gobiernos civiles desde 1990 -al amparo de una impunidad demasiado parecida a la que tuvieron en la dictadura- resulta un contrasentido que en la actualidad se reponga la trágicamente famosa ‘detención por sospecha’, que castigaría a su antojo policial incluso a menores desde 14 años de edad.

“¿El criterio? El ‘instinto’, la ‘intuición’, el olfato, o el mero aburrimiento de un paco”

El chileno Luis García-Huidobro, ex sacerdote jesuita quien fuera miembro de la congregación que comanda la Iglesia Católica a través del Papa Francisco, resumió la llamada ‘Ley corta de seguridad ciudadana’ o ‘control preventivo de identidad’, con claridad de mediodía: “Para los que no saben lo que es el control preventivo de identidad, les cuento que por acuerdo entre la Derecha, la DC y el PPD, usted podrá ir caminando por un lugar público y un carabinero podrá pedirle su carnet y llevarlo amablemente a una comisaría, y retenerlo por un máximo de cuatro horas (o una hora, si es menor de edad), para verificar sus antecedentes. ¿El criterio? El ‘instinto’, la ‘intuición’, el olfato, o el mero aburrimiento de un paco, ya que no se requiere indicio alguno de que usted ande en algo delictivo, como lo exigía la norma anterior”.

Antes de que terminara el primer mes del 2016, los congresistas de la Comisión de Constitución del Senado, sin preguntarle a nadie y haciendo caso omiso de la última encuesta Adimark que ubica a la cámara alta con más de un 81% de rechazo de la ciudadanía, aprobaron el texto legal antisocial y antidemocrático, y que vulnera las libertades individuales y colectivas fundamentales, de este modo: a favor, Alberto Espina (RN), Felipe Harboe (PPD), Hernán Larraín (UDI) y Pedro Araya (‘independiente’ pro DC), con el voto contrario de Alfonso de Urresti (PS).

¿Pero cuál es el proyecto que en el marzo que viene se votará en el parlamento?

“En cumplimiento de las funciones de resguardo del orden y la seguridad pública, y sin perjuicio de lo señalado en el artículo 85 y 86 (última revisión) del Código Procesal Penal, los funcionarios policiales señalados en el artículo 83 del mismo Código Procesal Penal podrán controlar la identidad de cualquier persona mayor de 14 años en vías y otros lugares públicos y en lugares privados de acceso al público en que se encontrare, por cualquier medio de identificación expedido por la autoridad pública, tales como cédula de identidad, licencia de conducir, pasaporte o la tarjeta nacional estudiantil. El funcionario policial deberá otorgar a la persona las facilidades para identificarse pudiendo utilizar todos los medios tecnológicos idóneos para tal efecto. En caso de duda de si la persona es mayor o menor de 14 años, deberá siempre entenderse que es menor”.

Como en la tiranía cívico-militar, las y los más jóvenes, los más pobres, los más morenos, los más excluidos, los ‘potenciales desobedientes’ respecto del actual orden de cosas, quedan a merced de las súper facultades de carabineros.

Por donde se le mire, la iniciativa legal viola la presunción de inocencia, transgrede la Declaración de los Derechos del Niño aprobada el 20 de noviembre de 1959 de manera unánime por la Organización de Naciones Unidas, y reinstala violentamente la ‘represión precautoria’ o la ‘criminalización por sospecha’ en contra de los menores de edad. De este modo, en Chile se consagra la máxima de la barbarie dictada por arriba, por hombres blancos y muchos de ellos enriquecidos ilícitamente, a saber, ‘mátenlos antes de que se reproduzcan’.

¿Cómo se revela la vena fascista que hay tras el proyecto de ley, según datos objetivos conocidos en todo el planeta, pero bien silenciados por los contados dueños de los medios de comunicación masivos locales? Publicado por la propia CNN, la conocida cadena mediática norteamericana, el Índice de Paz Global informa que “Chile ocupa el primer lugar en la región con el puesto 29 entre los países más pacíficos, el segundo mejor del hemisferio occidental después de Canadá (que tiene el séptimo puesto global) (…) y Estados Unidos está en el puesto 94”. ¡Chile es el país más pacífico de América Latina y uno de los más seguros del planeta, después de Islandia, Dinamarca, Austria, Nueva Zelanda, Suiza, Finlandia, Canadá, Japón, Australia y República Checa!

¿Por qué entonces en Chile se invoca la ‘inseguridad ciudadana’, ‘la delincuencia desbocada’, y otras bravuconadas semejantes a la hora de legislar, cuando las cifras imparciales dicen todo lo contrario? ¿A quién le conviene que se destaquen mayores poderes y recursos a carabineros en vez que a la sociedad civil y a los derechos sociales? Llene usted los espacios en blanco.

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Todos los argumentos contra una ley sin argumentos

 

Ya muchas personas, personalidades e instituciones se han manifestado contrarias a la reposición de la dictatorial ‘detención por sospecha’.

Los jueces de la Corte Suprema (que no son precisamente miembros de una agrupación revolucionaria) indican que resulta problemática la reforma al artículo 127 del Código Procesal Penal, sobre la detención judicial. Postulan que “el proyecto, luego de establecer como facultad policial el registro de vestimentas en toda detención judicial, autoriza al juez como razón suficiente para decretar una detención el hecho de que el Ministerio Público considere que una determinada persona cometió un delito al que la ley tiene asignada una pena de crimen” (…) “Es decir, autoriza una medida cautelar, sin ninguna consideración a algún peligro real y calificado de alguna clase, sino sólo sobre la base de la gravedad de una determinada imputación”, añaden.

Dicen que la medida “contraría toda la lógica de la concesión de las medidas cautelares y constituye un retroceso mayúsculo desde la perspectiva del principio de inocencia: nadie debería poder ser detenido sin antecedentes especiales y, exclusivamente, sobre la base de una denuncia o imputación”. Los magistrados acentúan que “la detención, así como la prisión preventiva, no constituyen antejuicios. Ellas son medidas extraordinarias, cautelares de los fines internos del procedimiento” (…) “En este sentido, la afirmación de la probabilidad de autoría o participación en un imputado es un antecedente necesario, pero en ninguna medida suficiente para decretarlas, y esto es una consideración esencial de nuestro sistema, que no puede pasarse por alto”.

La misma Corte Suprema declaró en septiembre del 2015, que las propias cifras en que se funda el proyecto son cuestionables. Aclaró que se incrementará la persecución contra delitos no violentos –y no contra los violentos, como pretende el proyecto–, criticando que delitos contra la propiedad sean más gravemente sancionados que “incluso, algunos delitos contra la vida, la probidad funcionaria, la integridad física o la libertad sexual”, y acomete contra la ampliación del control de identidad, señalando que “otorga mayores espacios de discrecionalidad a Carabineros, disminuyendo las facultades de control que poseen los tribunales”.

O sea, que la ‘justicia instintiva’ de Carabineros podría estar sobre el propio Poder Judicial, uno de sostenes del Estado de Derecho.

Por otra parte, destacados abogados penalistas y el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, indicaron sus reparos al proyecto por su “afectación a los derechos fundamentales de las personas”. Como si no bastara, han cuestionado la pertinencia de una agenda corta para enfrentar un problema tan complejo como la delincuencia, además de poner el acento en que “dicha tendencia sólo profundiza el problema de fondo, cual es la desigualdad. (…) estas nuevas facultades no sólo son inconvenientes y riesgosas, sino que son también innecesarias. Con los mecanismos actualmente disponibles, Carabineros realizó más de dos millones de controles de similar naturaleza durante el año pasado. Ello conduce necesariamente a la conclusión de que lo que debiera discutirse con urgencia no son nuevas atribuciones policiales, sino la eficiencia y eficacia con que se utilizan las que actualmente disponen”.

 

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En el mismo sentido, Lorena Fries, directora del INDH-Instituto Nacional de Derechos Humanos-, escribió en una columna del diario La Tercera que “La seguridad de los ciudadanos es un derecho fundamental y es exigible que el Estado nos proteja de la delincuencia, pero ello no puede hacerse afectando gravemente otros derechos y libertades. Tampoco es sostenible que siga sin atenderse la causa de fondo que en Chile y otros países está en la base del problema, cual es el evidente agravamiento de nuestra desigualdad”.

Y para que no quepa duda respecto de lo ilegítimo e inhumano de la iniciativa, Amerigo Incalcaterra, representante de La Oficina para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), apuntó que: “La disposición vulnera conceptos ampliamente adoptados por la comunidad internacional, tales como la presunción de inocencia y el principio de legalidad, al otorgar facultades desproporcionadas y arbitrarias a la policía”, agregando que “Nos preocupa que las autoridades chilenas no estén tomando en cuenta la normativa y los estándares internacionales en la materia durante la discusión del proyecto”. Incalcaterra recordó que tras una visita a Chile, en septiembre de 2015, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos a la Libertad de Reunión Pacífica y de Asociación, Maina Kiai, advirtió en un documento de análisis que tales disposiciones en materia de control de identidad limitan derechos garantizados en tratados internacionales ratificados por el país. “También, es paradójico que la discusión legislativa no esté considerando las advertencias de actores nacionales claves, entre ellos la propia Corte Suprema de Chile, que en un informe de septiembre de 2015 criticó los aspectos discrecionales de la medida, refiriéndose al control de identidad preventivo como ‘difícilmente aceptable’ en un Estado de Derecho”, terminó.

La ocurrencia legal ofende tanto al sentido común, como a la legislación nacional e internacional; los derechos internacionales del niño, la niña y los jóvenes; la opinión de las grandes mayorías y de los especialistas; y, en último término, la libertad y la democracia.

¿Qué viene después? ¿Qué las y los muchachos se acuartelen en sus casas, el miedo se vuelva peste, se les obligue a cortarse el pelo ‘a lo mero macho’, las chicas usen pantalones y los chicos anden uniformados? ¿Qué se multipliquen los asesinatos o desapariciones de menores mapuche por carabineros, como Edmundo Alex Lemun Saavedra (17 años) o José Huenante Huenante (16 años)? ¿Qué el peor día detengan y acaben con las y los hijos, sobrinos y vecinos nuestros por ‘razones de Estado’ o por ‘razones empresariales’, tan lejos de la razón humanitaria que debiera gobernar las relaciones sociales en Chile y el mundo?

Para este horror, no cuenten con nosotros.

El Independiente

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