Fiscalía Nacional y SII coludidos en dotar de impunidad a Nueva Mayoría

Los dardos de ambas instituciones seguirán sin apuntar hacia la Nueva Mayoría. Ahora se dirigen contra: Carlos Ominami, Marco Enríquez Ominami y Andrés Velasco, ninguno de ellos, miembro del actual gobierno.

En las últimas semanas se ha generado, inusualmente y algunos podrán calificarlo hasta de poco serio, un ir y venir de declaraciones cruzadas entre el director del Servicio de Impuestos Internos, Fernando Barraza y el Fiscal Nacional, Jorge Abbott, a través de los medios de comunicación y no en reuniones privadas como se esperaría que ocurriera. Esto, recordemos, porque ambas autoridades tienen al frente dos de los casos más bullados como PENTA y SQM, los que dejaron a la clase política en un mal pié, tras quedar en evidencia que algunos se dejaron seducir y recurrieron a prácticas irregulares para financiar sus respectivas campañas, mediante la entrega de boletas ideológicamente falsas, o utilizando el cargo que tenían para beneficiar a las firmas que les entregaron dinero.

La semana pasada, el Fiscal Nacional, Jorge Abbott aseguró que al Ministerio Público le preocupa la falta de querellas por parte del Servicio de Impuestos Internos y dijo que se está a la espera de éstas en los casos PENTA y SQM, lo que permitiría a la entidad, continuar avanzando en las investigaciones. Sin embargo, Abbott fue más categórico en sus dichos, advirtiendo que si no hay más querellas, tendremos que terminar las causas por alguna de las formas de término que la ley establece”.

Las palabras del abogado, en todo caso, no fueron al azar, todo lo contrario, ya que, simplemente, respondieron a lo queFernando Barraza había señalado, en términos de que el trabajo del Servicio de Impuestos Internos no es presentar querellas, insistiendo que la misión de la entidad es cumplir la ley, respecto a la correcta recaudación de impuestos. A eso, el director del SII, agregó, otra frase que, de seguro, nada de contento dejó al Fiscal Nacional, al decir que “si las investigaciones por otros delitos no prosperan, no es responsabilidad del SII”.

El abogado de la Fundación Ciudadano Inteligente, Mauricio Daza en conversación con EL MURO, si bien, aclara que desconoce si existe una colusión entre el Servicio de Impuestos Internos y el Ministerio Público para, garantizar impunidad a algunos políticos, afirma que “lo que uno puede constatar es que ese tipo de declaraciones y conductas por parte de las autoridades del Ministerio Público y del Servicio de Impuestos Internos son funcionales a que, finalmente, estas indagatorias no avancen bajo parámetros normales que fuesen aplicables a cualquier ciudadano que estuviese sometido a las mismas imputaciones”.

Un circo pobre

Fuentes del SII y del Ministerio Público consultadas por este diario electrónico, coinciden en que observan con desconfianza los dimes y diretes entre el Fiscal Nacional y el director del Servicio de Impuestos Internos, calificando la actuación de ambos como una “pelea de payasos que no se disfrazan bien”, agregando que “todos los comentarios que se han dicho se podrían formular en reuniones internas, que se juntaran a hablar de estos temas y no lo hagan a través de la prensa, ya que, eso, es un punto en contra para los dos. No se pueden estar mandando recaditos por los medios de comunicación”.

Según otra fuente, “Barraza y Abbott están haciendo de los casos PENTA y SQM, vía la prensa, “un circo y un circo pobre, más encima. Los dos no bailan ni cantan, pero sí hablan”.

Al interior del Servicio de Impuestos Internos y del Ministerio Público hay una idea que, desde hace varios meses, está dando vuelta y los inquieta. “Barraza y Abbott están haciendo el ridículo y no corresponde esa actitud en estas autoridades. Ellos, están demostrando que cada uno mira y cuida los intereses por los cuales fueron nombrados en los cargos que, ahora, ostentan”. En este sentido, no hay que olvidar que, tanto el director del SII como el Fiscal Nacional fueron elegidos por la Presidenta y, en el caso, de este último, con la ratificación del Senado, pero, al final, de cuentas son cargos de confianza del Mandatario de turno.

Sobre la designación por parte de la Presidenta Bachelet del director del Servicio de Impuestos Internos y del Fiscal Nacional, el abogado Mauricio Daza asegura: “Es fácil presumir que la circunstancia de que existen imputados con un alto perfil de naturaleza política involucrados y que tienen posiciones de poder en el mundo económico de gran relevancia en el país, afecta a que estas causas se tramiten de manera normal. Nosotros, no observamos una voluntad decidida, ni consistente de indagar hasta el fondo las distintas aristas vinculadas con el financiamiento ilícito de campañas políticas, bajo los principios del debido proceso e igualdad ante la ley”.

El representante de la Fundación Ciudadano Inteligente plantea un ejemplo concreto que, a su juicio, demuestra la conducta errática que se ha demostrado en estas investigaciones. Al respecto, menciona al Fiscal de Valparaíso, Pablo Gómez, quien dijo que hace dos meses se está investigando por el delito de cohecho al ex senador de la Unión Demócrata Independiente,Pablo Longueira, en el marco de lo que fue la discusión del proyecto de royalty minero y sus nexos con SQM. “Hace algunas semanas señaló, claramente, que el señor Longueira no estaba siendo indagado y, más aún, que los antecedentes de los correos electrónicos del ex parlamentario y el ex gerente de SQM no eran suficientes para iniciar una indagación penal en su contra por el delito de cohecho”. Ahora, sin embargo, el fiscal Pablo Gómez cambió la versión.

Según Daza, “más que un espectáculo lamentable de autoridades que se tiran la pelota unas a otras para tratar de explicar por qué no hacen su trabajo, lo que corresponde es que tengamos alguna autoridad que sostenga su voluntad decidida y concreta de perseguir estos hechos hasta las últimas consecuencias, sin tener en consideración las posiciones de poder político y económico de los involucrados. Esto último, hasta el momento no ha ocurrido”.

Los dardos que se abrirán

Uno de los puntos en los que coinciden otras fuentes consultadas por este diario electrónico es que si bien, los intereses que puedan tener Fernando Barraza y Jorge Abbott sean distintos, dicen, “igualmente se pueden unir y, quizás, sin ponerse de acuerdo, porque de hacerlo, sería una actitud delictiva, quieren proteger a la gente de la Nueva Mayoría. Hay que transparentar cuáles fueron las promesas que el director del Servicio de Impuestos y el Fiscal Nacional hicieron, con tal de llegar a sus actuales cargos y las condiciones impuestas por el Gobierno”.

Sin duda, el tema de los comentarios que ambos han vertido a través de la prensa, hay otra materia que, por estos días, al interior de ambas instituciones está empezando a tomar fuerza y ya se estaría trabajando en esta estrategia. De acuerdo a los antecedentes recabados por EL MURO, los dardos del SII ahora estarán enfocados en los políticos que no son de la Nueva Mayoría, “los quieren reventar”, advierte una fuente.

Los flancos que el Servicio de Impuestos Internos y el Ministerio Público están preparando para lanzar la artillería, ahora, serán: Renovación Nacional, Marco Enríquez Ominami y sus cercanos en el PRO, Andrés Velasco y Carlos Ominami. Ayer, precisamente, y horas antes de que este último sea formalizado, curiosamente, el Servicio de Impuestos Internos presentó una segunda querella en su contra (la primera por declaraciones tributarias y facturas falsas y, ahora, por infracción a la Ley de Herencias y Donaciones). Aquí, cabe una pregunta, ¿se trata sólo de una casualidad o esto tiene que ver con la estrategia que ya comenzó a aplicar para sacar los ojos de encima de políticos que son de la ex Concertación, hoy Nueva Mayoría?

Sobre la mirada que el Servicio de Impuestos Internos estaría fijando a políticos que no son de la Nueva Mayoría, el abogado de la Fundación Ciudadano Inteligente, Mauricio Daza sostiene: “La verdad es que no puede existir una persecución selectiva de personas que se encuentran en una situación equivalente respecto de indicios o antecedentes que los vinculan con ilícitos graves que, además, se fundan en el financiamiento ilegal a su actividad política, por parte de grupos económicos”. Agrega que “obviamente, el que se investiguen algunos y no a otros, empaña la credibilidad de las instituciones relacionadas con la persecución penal”.

fuente : El Muro/ por Daisy Castillo Triviños

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