Los “afortunados” del SII que se mantienen sin querella por casos “platas políticas”

En varios de los casos existirían antecedentes suficientes para sostener una investigación criminal fundada. Sin embargo, al parecer, el SII y la Fiscalía observan los hechos desde la vereda del frente.

“El Servicio de Impuestos Internos (SII) está protegiendo a la Nueva Mayoría”, “se ha ensañado con la Unión Demócrata Independiente (UDI), “ahora, van a reventar a RN, Marco Enríquez Ominami, Carlos Ominami y Andrés Velasco para sacar los ojos de encima de los políticos de la alianza de Gobierno”. Éstas son sólo algunas de las declaraciones que los querellantes en los casos PENTA Y SQM han formulado a EL MURO, en el marco de lo que se ha calificado como el lento desarrollo que han experimentado las respectivas investigaciones, desde hace ya un año, con o sin querellas por parte del Servicio de Impuestos Internos.

Lo cierto, más allá de la validez de las apreciaciones que los abogados querellantes puedan expresar, en cuanto al rol que el SII ha desempeñado, hay algo que despierta dudas: una larga nómina de políticos de la Nueva Mayoría y también de derecha que se podrían definir como los “afortunados” que, hasta ahora, por razones que las fuentes consultadas por este diario electrónico, califican de injustificadas, no han sido objeto de querellas.

La ausencia de querellas del Servicio de Impuestos Internos ha sido blanco de críticas y el Ministro del Interior, Jorge Burgos (DC), el 3 de febrero de 2016, en un tono de evidente molestia por la insistencia de la prensa por la lentitud del SII, dijo: “Que los querellantesvayan a Impuestos Internos a alegarle. Impuestos Internos es una entidad que tiene grados de autonomía”. Sin duda, esa respuesta no era, claramente la esperada.

Para el abogado de la Fundación Ciudadano Inteligente, Mauricio Daza, precisamente, la falta de querellas por parte del SII, “obviamente da pié a que se afecte la credibilidad de la institución, toda vez que es sabido que se trata de una nominación (la designación en el cargo del director, Fernando Barraza) de confianza efectuada por el poder político de turno, que hoy está representada por la Nueva Mayoría y que es una coalición política que también tiene dirigentes involucrados en el financiamiento ilícito que habría efectuado la empresa controlada por el ex yerno de Augusto Pinochet, Julio Ponce Lerou”.

Consultado por EL MURO, el abogado querellante en los casos PENTA y SQM del por qué existe una lista, que se pudiera definir como los protegidos del SII, afirma: “No hay una explicación clara por parte de la autoridad competente para iniciar las acciones penales o seguir las investigaciones. Lo único que se ha escuchado son declaraciones genéricas, contradictorias, poco consistentes del director del SII y de las autoridades del Ministerio Público”. Agrega que “se trata de un espectáculo lamentable, insisto, el observar cómo se están culpando, recíprocamente, de por qué esas investigaciones no avanzan, pero no hay nadie que asuma, derechamente, esa tarea”.

Mauricio Daza advierte que bajo ningún punto de vista se logra entender la actitud del Servicio de Impuestos Internos y del Ministerio Público, porque, recuerda, que se está ante una materia resuelta, a partir, dice, del contexto que se dio de la discusión de las medidas cautelares de Jovino Novoa (UDI), del Consejero Regional, Claudio Aguiluz (RN) y de Alberto Cardemil (RN). “El Ministerio Público tiene la facultad, para los efectos de formalizar, sin necesidad de una querella nominativa por parte del Servicio de Impuestos Internos, más allá, de que exista una restricción para los efectos de ser llevados a juicio, pero no para ser investigados”, indica.

El representante de la Fundación Ciudadano Inteligente sostiene que no se entiende que el Fiscal Nacional, Jorge Abbottaparezca con una tesis contraria a la defendida por la propia institución que dirige y que fue ratificada por los tribunales superiores de justicia. “Esto implica una renuncia a las facultades que le otorga, expresamente, la Constitución y las leyes y la interpretación de las mismas que han efectuado la Corte de Apelaciones de Santiago y la Corte Suprema”.

Daza afirma que resulta “absolutamente impresentable que no se quieran indagar, por ejemplo, los aportes que se hayan efectuado por parte de SQM a campañas políticas, tanto de la derecha como de la Nueva Mayoría”. A su juicio, “la nueva excusa que se ha escuchado de parte del Fiscal, Pablo Gómez respecto de la investigación de SQM se funda en que no hay pruebas suficientes para los efectos de iniciar las indagatorias pendientes, dejando al margen algo que resulta claro en una indagación penal, en el sentido de que la investigación es, precisamente, para obtener las pruebas y para iniciarla, basta con indicios graves y consistentes que vayan en la dirección de que existiría algún ilícito y esos indicios, están de sobra”.

¿La lista del olvido?

El Servicio de Impuestos Internos, hasta ahora, no ha presentado una querella en contra del senador Fulvio Rossi -con militancia congelada en el PS-, quien habría enviado dos correos electrónicos al gerente general de SQM, Patricio Contessey a un abogado de la misma empresa, textos en los que aparecía una lista de 30 candidatos (8 DC, 12 del PS, 5 del PPD, 3 radicales y 2 independientes) y la solicitud de conseguir $20 millones, sumado a otro e mail que incluiría la emisión de boletas por el concepto de asesorías comunicacionales, como una estrategia para justificar los pagos. El parlamentario, ni siquiera ha sido llamado a declarar por parte del Ministerio Público.

Otro caso pendiente corresponde al ex Presidente, Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Hay que recordar que la ex contadora de la DC,Clara Bensan, prestó declaración el año pasado, oportunidad en la que se refirió a los aportes irregulares que habría gestionado para la campaña de Eduardo Frei -en 2009-, que provenían de SQM y que se ocultaron tras el rótulo de asesorías profesionales.

Bensan, en el marco de su declaración judicial, aseguró que el operador político, Giorgio Martelli le pidió emitir facturas falsas por cerca de 93 millones de pesos para financiar parte de la campaña presidencial de Eduardo Frei, añadiendo:Estoy arrepentida de haber hecho esto. Estoy consciente de que esto que hice no es correcto y lo hice, porque tengo un alma política y creí que era necesario, en ese minuto, en beneficio de los ideales que la candidatura de Eduardo Frei saliera adelante”.

La contadora, utilizando su empresa -Asesores en Gestión Integral Limitada (Agesin)- recaudó fondos para la campaña del ex Presidente Frei, compañía que está siendo investigada por pagos presuntamente irregulares de SQM por $ 34.750.000 -8 de octubre de 2009- y $ 58 millones – 9 de febrero de 2010-. La firma aparece con dos pagos corregidos por 12 millones de pesos a Newport y 12 millones a Caburga, facturas emitidas el 9 de diciembre de 2009. Según la declaración de Bensan, las facturas entregadas a SQM y a Caburga fueron con el fin de “conseguir fondos para la campaña presidencial”.

Un dato anexo: en abril de 2015, Ciper Chile publicó que la empresa Rentas, Inversiones, Servicios y Asesorías Limitada, asociada a la familia de Eduardo Frei Ruiz-Tagle emitió una factura a SQM por $30 millones.

El “hijo” deseado de Bachelet

Uno de los casos que también se mantiene sin querella por parte del Servicio de Impuestos Internos, es el de Rodrigo Peñailillo, ex brazo derecho de la Presidenta, Michelle Bachelet, ex Ministro del Interior y quien, junto al operador político,Giorgio Martelli (querellado por el SII), habrían conseguido aportes irregulares de SQM para financiar la pre-campaña de la, ahora, Mandataria.

Recordemos que este capítulo le significó a quien, varios dentro de la Nueva Mayoría calificaban como el “hijo deseado” de la Jefa de Estado, su salida del Gabinete y, aunque ha prestado declaración ante el Ministerio Público, hasta ahora, no hay ningún pronunciamiento concreto sobre su actuación. Incluso, quedó en el pasado, la denuncia del ex Subdirector Jurídico del SII, Cristián Vargas, quien aseguró que hubo presiones del Ministerio del Interior -cuando Peñailillo estaba a la cabeza- para que no prosperara una eventual investigación en su contra.

Aquí cabe traer a colación que, en su declaración, Giorgio Martelli -quien operó como recaudador de fondos para la pre-campaña de Bachelet-, afirmó que fue contactado por Rodrigo Peñailillo y por el presidente de Enersis, Jorge Rosenblutpara crear la sociedad Asesorías y Negocios Spa con el fin de financiar a varios militantes de la Nueva Mayoría. AyN emitió facturas a la filial de Soquimich SQM Salar por más de $220 millones, también a Celco por $151 millones y a Copec por $57 millones, ambas controladas por el grupo Angelini.

A ese escenario, se sumó otro antecedente que, aún sigue, en estatu quo: los tres informes, por un total de $16.000.000 que Peñailillo elaboró para AyN, bajo los títulos: ”Crisis Económica Internacional: consecuencias y medidas en la Unión Europea”, “Flexibilidad Laboral en la Unión Europea” y “Las políticas ante la crisis en el Reino Unido”.

Jorge Pizarro y Roberto León

Quien también se ha visto fuera del alcance de los tentáculos del Servicio de Impuestos Internos es el senador de la Democracia Cristiana, Jorge Pizarro, cuyos hijos a través de la empresa Ventus Consulting entregaron a SQM un total de 11 facturas, por asesorías verbales y recibieron $45 millones. Sobre el tema, el presidente de la falange, a quien, dentro de la colectividad, algunos sectores le pidieron la renuncia a la presidencia de la DC a raíz de esta situación y se negó, ha insistido en que los servicios, efectivamente, se prestaron en 2011. El tema de fondo es que, hoy día, hay un problema delicado en la sociedad chilena, hay un cuestionamiento a la forma en cómo se está relacionando la actividad pública con el financiamiento de la actividad política, más de que el hecho de que exista una desconfianza en otras instituciones,genera también una situación de ruido...”.

Por su parte, en la investigación del caso PENTA, saltó al ruedo el hijo del diputado de la DC, Roberto LeónRoberto León Araya-, quien habría remitido -14 de julio de 2009-  una boleta a SQM por $2 millones 500 mil. Al respecto, el parlamentario ha dicho, a través de la prensa que hay una boleta de mi hijo, eso es efectivo, pero dicen que mi hijo emitió esa boleta siendo estudiante. Eso, es absolutamente falso, porque mi hijo desde 2006 es ingeniero agrícola titulado. Y como ingeniero agrícola titulado prestó asesoría a SQM”, aclarando que “lo que ocurre es que figuraba como estudiante, porque mientras estudiaba trabajó como comisionista y ese ajuste no estaba actualizado en sus boletas”.

El Golden Boy de Ponce Lerou

El líder del Partido Progresista (PRO), Marco Enríquez Ominami también figura en la lista de quienes no han sido objeto de querella por parte del Servicio de Impuestos Internos, aunque sí ha prestado declaración en calidad de imputado en el Ministerio Público, trámite que se dilató durante meses por los permanentes viajes del ex diputado fuera de Chile, lo que para varios fue interpretado como la estrategia perfecta para demorar la entrega de su testimonio por sus vínculos con la empresa del ex yerno de Augusto Pinochet.

La trama en la que figura MEO comenzó con la divulgación de un correo electrónico emitido por su jefe de campaña y ex secretario general del PRO, Cristian Warner Katherine Bischof, secretaria del ex gerente general de SQM, Patricio Contesse, formalizado por delitos tributarios asociados al pago de boletas y facturas falsas, vinculadas con financiamiento irregular de campañas políticas. De acuerdo, a las versiones de prensa, uno de los mensajes lo envió Cristian Warner a Bischof el 29 de octubre de 2012. En este correo que lleva por asunto “Un favor”, Warner escribió: “Estimada Katherine, hágame un favor, si fuese posible, le puede pasar este recado a don Patricio (Contesse) de parte de Marco. Que le agradece, enormemente, su ayuda y que, terminando la gira nacional, lo pasará a ver para agradecerle en persona. Se lo agradezco de antemano”.

Pese a estos antecedentes, Marco Enríquez Ominami ha insistido: “Confirmo y reafirmo que he actuado de acuerdo a la ley, de manera legal”.

La nómina de la derecha

No sólo hay que mencionar que dentro de la Nueva Mayoría, según las fuentes consultadas por EL MURO, hay quienes no se han visto afectados con la presentación de querellas en su contra por parte del SII, también algunos de la derecha han corrido la misma buena suerte: Iván Moreira (UDI) Laurence Golborne, Alberto Cardemil (RN), Ena Von Baer (UDI) y el ex Presidente, Sebastián Piñera.

En el caso del senador, Iván Moreira, recordemos que, en el marco de la investigación del caso PENTA, admitió haber recaudado fondos de campaña, a través de boletas de honorarios a terceros. “Efectivamente, y como es de público conocimiento, en 2013 solicité apoyo económico al señor Hugo Bravo. Lo anterior, lo hice como pre-candidato por Santiago Oriente y, luego, como candidato a senador por la Región de Los Lagos…”, agregando: No pertenezco a ninguna casta de poderosos, jamás he sido protegido de nadie, no tengo padrinos políticosQuiero reconocer que el mecanismo fue irregular, porque se realizó a través de boletas de honorarios a terceros”. Al margen de ese reconocimiento, nada por parte del SII.

Otro de los nombres que ha figurado en las indagatorias del caso PENTA es el de la  senadora (UDI) Ena Von Baer, quien insiste en no haber recibido aportes irregulares, pese a la evidencia del correo electrónico que envió a Carlos Eugenio Lavín-uno de los controladores del grupo PENTA-, solicitándole recursos para pagar deudas de campaña. “Quisiera aclararle a la opinión pública que tampoco recibí recursos de PENTA fuera del marco de la ley para la campaña política ni como persona natural ni a través de las sociedades en que yo tenga participación”, dijo en enero de 2015.

Un bullado caso es también el del ex diputado de RN, Alberto Cardemil, quien fue formalizado por el Ministerio Público por delitos tributarios en el marco de la investigación del caso PENTA. Sin embargo, a ese capítulo se añadió otro que generó polémica.

En mayo de 2015, se hizo público que recibió durante doce meses $1.600.000 por parte de SQM, según él, por asesorías legales. En declaraciones a la prensa, el ex parlamentario afirmó: Trabajé con contrato de honorarios, asesorando a la gerencia general de la empresa. El contrato fue finiquitado este mes de común acuerdo (…) Ellos, están reestructurando el área legal de la compañía. Me señaló que había interés en mis servicios y que el nuevo directorio va a resolver sobre el futuro”.

¿Y con querella tampoco hay avance?

Un hecho que llama la atención, en el sentido de que no se evidencian avances, es el del ex candidato presidencial, Laurence Golborne. En octubre de 2015, el Servicio de Impuestos Internos se querelló en su contra por su presunta participación en delitos tributarios relacionados con el financiamiento irregular de campañas políticas en el caso PENTA.

Golborne reconoció -en noviembre del año pasado- ante el Ministerio Público haber recibido $120 millones en aportes del grupo PENTA, a través de facturas falsas de su empresa Vox Comunicaciones remitidas al holding, pero por servicios no prestados. En su declaración, aseguró: Fui a hablar con él (Carlos Alberto Délano) a fines de noviembre (de 2012) y le conté en lo que estaba. Le dije que debía trabajar en esto de manera profesional, que he estado trabajando (…) y ayudando a definir el posicionamiento de mi candidatura. Le pregunté si me podía ayudar y me dijo que sí me podía ayudar, que era importante este tipo de apoyos. Solo estábamos los dos en esa reunión.

Cabe hacerse una pregunta, si bien hay una querella del SII en su contra y declaró ante la Fiscalía, reconociendo el aporte económico que recibió, ¿por qué no se conoce ningún avance, hasta hoy?, ¿hay alguna medida concreta que se vaya a aplicar, al menos, en el corto plazo? Todo hace presagiar que, por ahora, nada.

Ex Presidente Piñera

El ex Presidente, Sebastián Piñera también ha sido mencionado en el financiamiento irregular de campañas políticas. Dos son las firmas que están vinculadas al ex Mandatario y que fueron incluidas en la denuncia del SII: Administradora Bancorp y Vox Populi. En el caso de la Administradora Bancorp se le cuestiona la emisión de 15 facturas a SQM por $318 millones, y a Vox Populi, cinco facturas por $26 millones.

Según publicó en abril de 2015, Cyper: “los representantes legales de ambas sociedades forman parte del círculo más cercano del ex Presidente: sus hijos Magdalena y Sebastián Piñera Morel, el gerente general de su family office, Nicolás Noguera Correa; su gerente de inversiones y finanzas, Javier Cavagnaro Infante; su amigo y hombre de confianza, José Cox Donoso; los ejecutivos de Bancard, Eduardo Befferman Córdova Cristóbal Silva Lombardi; y Catalina Lamarca Délano, sobrina de su amigo personal y controlador de PENTA, Carlos Alberto Délano”.

A esto se agrega que SQM, Aguas Andinas, Newport, Caburga, PENTA, Sigdo Koppers y Comercial Los Lagos, son algunas de las empresas que figuran en la investigación del Ministerio Público con pagos, poco claros, por llamarlos de alguna manera, a las sociedades de Piñera, entre agosto de 2009 y octubre de 2010.

Una pregunta, ¿por qué el Servicio de Impuestos Internos ni el Ministerio Público han iniciado acciones en contra del ex Mandatario, tendientes a esclarecer los hechos y confirmar o descartar que, en el marco de su campaña, hubiera recibido aportes irregulares?

Sólo excusas de las autoridades

El abogado, Mauricio Daza asegura que “lo único que nos han ofertado las instituciones relacionadas con la persecución criminal, específicamente, el Ministerio Público y en el ámbito tributario el Servicio de Impuestos Internos son excusas, pero no actuaciones concretas y decididas para que se aplique, en un contexto de debido proceso, igualdad ante la ley”. Añade, “creemos que hay antecedentes suficientes para que todas estas personas sean investigadas por múltiples delitos, tanto de naturaleza tributaria como de cohecho, con la finalidad de establecer o descartar, en el contexto de un proceso seguido en conformidad a la ley, si es que son inocentes o culpables de algún tipo de ilícito. Lamentablemente, ese esfuerzo no se está realizando de manera debida”.

El representante de la Fundación Ciudadano Inteligente asegura que “hay antecedentes de múltiples personas que están vinculadas al mundo político y que podrían haber recibido financiamiento ilegal. El problema es que la falta de investigación, no sólo perjudica el esclarecimiento de los hechos respecto de quiénes podrían haber incurrido en un delito, sino también a aquéllos que han sido mencionados y sobre los cuales no existen antecedentes suficientes para poder establecer una infracción delictual o de otra naturaleza”.

Mauricio Daza enfatiza en que “lo que corresponde es que el Ministerio Público y el Servicio de Impuestos Internos investiguen a todos por igual y que no se siga entrabando la actividad de la Fiscalía a partir de un discurso que parece más destinado a preparar una justificación ante la opinión pública, para que esto termine en nada, que un discurso relacionado con el ejercicio pleno de las facultades que estos órganos tienen”.

Pablo Lira, cientista político, en conversación con EL MURO sostiene que “más allá de los gestos que puede tener el Gobierno en implementar leyes que apuntan a darle mayor transparencia a la política, también aquí hay un juego complicado y obscuro que ha realizado el Servicio de Impuestos Internos, porque no ha sido un ente independiente del Gobierno, lo que ha afectado la investigación de políticos”. En este sentido, comenta: “Hemos visto pasar por el estrado de la justicia a políticos, sobre todo de la Unión Demócrata Independiente (UDI), pero faltan querellas en contra de políticos del sector de la Nueva Mayoría. Eso llama la atención y genera dudas”.

El experto indica que otro aspecto que levanta cierta incertidumbre dice relación con los cambios que se han realizado al interior del Ministerio Público, por ejemplo, el hecho de que el Fiscal, Luis Toledo a cargo del caso CAVAL, asuma una jefatura (jefe de la Unidad contra el Tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias peligrosas) y tenga que abandonar la causa y dejarla en manos de otro persecutor (Sergio Moya). “Son investigaciones que apuntan a la familia presidencial y, en específico, a la nuera y al hijo de la Presidenta. Todo esto es bastante obscuro y no ayuda tampoco a mitigar, en parte, lo que la ciudadanía espera, esta lejanía que siente y esta crisis de confianza hacia el mundo político”.

Pablo Lira advierte que, tanto el Gobierno como el Servicio de Impuestos Internos están dando señales equivocadas. “Hemos visto al ex Fiscal, Sabas Chahuán en su oportunidad como, ahora, al Fiscal Nacional, Jorge Abbott presionando al SII para que se querelle contra los políticos que están involucrados en los casos de financiamiento irregular. Llama la atención que, hasta la fecha, no lo haya hecho”.

fuente: ElMuro / por Daisy Castillo T.

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