CORRUPCIÓN, POLÍTICA Y EXIGENCIAS ÉTICAS A LAS CANDIDATURAS

No cabe duda de que el vínculo promiscuo entre negocios y poder político, que se ha puesto en evidencia pública en estos últimos meses, ha demolido el prestigio de los partidos políticos y dejado amplios campos de la administración del Estado a la colonización de grupos funcionarios que, amparados en redes políticas clientelares, abusan de sus competencias y procedimientos para beneficio personal. Y la responsabilidad es en democracia.

 

La  última Encuesta del Centro de Estudios Públicos (CEP) hizo saltar los indicadores de riesgo en torno a la relación entre corrupción y política en el país. Es su principal resultado, y no los magros porcentajes sobre una carrera presidencial que aún no comienza.

Los atributos de honestidad y confiabilidad, que la encuesta entrega como los más importantes para quien ocupe el sillón presidencial durante el próximo período, dejan en evidencia que la mala evaluación ciudadana del Gobierno de Michelle Bachelet tiene mucho que ver con el caso Caval.  Y, asimismo, que la mala evaluación de la política también se relaciona con los generalizados casos de corrupción.

Lamentablemente para el país –y para la propia Presidenta– los problemas de probidad y tráfico de influencias  que alcanzaron a su círculo familiar, su entorno político personal y a funcionarios públicos de su estrecha confianza y del más alto nivel, han determinado que la ciudadanía empate la corrupción económica de la dictadura con la que hoy ocurre en democracia. Sin eximentes morales. Y que las violaciones a los derechos humanos sean un agravante por acción de la dictadura  y por omisión de justicia durante la democracia. Posiblemente en esto último deba incluirse el no haber revisado las privatizaciones a precio vil de empresas públicas realizadas durante la dictadura, y la falta de mando efectivo del poder civil sobre los militares en más de veinte años.

No cabe duda de que el vínculo promiscuo entre negocios y poder político, que se ha puesto en evidencia pública en estos últimos meses, ha demolido el prestigio de los partidos políticos y dejado amplios campos de la administración del Estado a la colonización de grupos funcionarios que, amparados en redes políticas clientelares, abusan de sus competencias y procedimientos para beneficio personal. Y la responsabilidad es en democracia.

Ad portas de una elección municipal, se torna una verdad incontrarrestable que el piso ético de la política nacional está muy debilitado. Prácticamente no existen instituciones del Estado, incluidas todas aquellas que resultan fundamentales para el desarrollo de sus funciones, que no se hayan visto golpeadas por esta precariedad ética.

Concentrado el interés en  los cuerpos de representación ciudadana, como el Congreso Nacional o los municipios, la situación deviene aún más preocupante. No se trata ya, como fue diagnosticado hace unos pocos años, de un  simple distanciamiento entre política y ciudadanía por incapacidad de aquella, sino de una brecha de desconfianza que pone en crisis los mecanismos de representación política, lo que deslegitima la democracia.

Empeora la situación la cantidad enorme de parlamentarios vinculados a investigaciones judiciales por irregularidades en sus campañas electorales e, incluso, por un ejercicio no probo de sus funciones legislativas. Más aún, que una cantidad no menor de candidatos a alcaldes y concejales postulen a sus reelecciones mientras están siendo investigados o en pleno juicio, como ocurre en las municipalidades de Maipú, Cerro Navia y Santiago.

En el caso de los municipios, tanto las facultades del Concejo Municipal como las de los propios alcaldes indicaría que –sin perjuicio de la presunción de inocencia que ampara a todo ciudadano ante la justicia– se debiera considerar una inhabilidad grave el tener asuntos penales pendientes al momento de presentar una candidatura.

No es descabellado pensar, en el ambiente ético-político que vive el país, que una disposición de esa naturaleza pudiera ser utilizada por algún candidato desafiante para anular por secretaría al incumbente electoral mejor posicionado. Pero existen mecanismos judiciales, como fianzas previas y otros, que podrían inhibir esta posibilidad, mientras, en cambio, la salud política de la administración municipal se vería considerablemente mejorada.

No se sale de un círculo de crisis de corrupción y política sin que exista una prevención estricta y una sanción penal ejemplarizadora. En ella, principalmente la pérdida de los cargos que se ostentan, la inhabilidad prolongada para aspirar a cargos de representación pública, multas económicas pesadas y sanciones a los partidos políticos que sostienen esas candidaturas. La calidad del bien público que se trata de proteger, es decir, la transparencia y legitimidad de la administración pública y de la representación política, es central al funcionamiento de la  democracia, a la igualdad ciudadana y al bienestar social, y merece un derecho sancionatorio, penal y económico duro, que desaliente las infracciones.

Entre las conductas más detestables que hacen que la ciudadanía relacione política con corrupción, está el juego de intereses de los representantes municipales en torno a las modificaciones de los planos reguladores, y la presión política de los parlamentarios para copar con funcionarios de su protección los cargos públicos de sus circunscripciones o distritos.

Todos los ministros y altos funcionarios públicos del país, del pasado o en ejercicio, saben que es una práctica corriente que los parlamentarios presionen y negocien sus votos para ciertas iniciativas legales, a cambio de cargos para sus amigos. Hay regiones enteras donde los caciques políticos en el Parlamento se disputan las secretarías ministeriales y direcciones públicas, en una verdadera malla de corrupción y tráfico de influencias.

Todos los partidos políticos y quienes son o han sido alcaldes o concejales saben que las licitaciones sobre la basura, la construcción de hospitales y consultorios, las obras municipales, la educación y los planos reguladores son siempre fuentes potenciales –y reales– de corrupción. En los municipios, por lo general, no existen servicios más cuestionados o cuestionables que la Dirección de Obras y la Dirección de Aseo y Ornato. Todo ello a vista y paciencia de los ciudadanos.

No es de extrañar, entonces, que la percepción de la ciudadanía sea que la política dejó de ser un vínculo de representación legítima y que se transformó en apenas una posición de poder y oportunidad en el sistema político y de Gobierno, al que se accede más por poder corporativo que por elegibilidad democrática.

El viejo consenso republicano de que la actividad política es una causa de servicio público ha pasado al olvido. Hoy, la amplia idea es que la política se ejerce para acaparar poder, tener oportunidades de enriquecerse o, simplemente, con  fines puramente egoístas, borrando casi de su catálogo de acciones el servicio a la comunidad, puro y simple.

fuente: ElMostrador

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