SQM: querellantes piden usar mismo criterio con Peñailillo, Rossi y Pizarro tras anuncio de formalización de MEO

Abogados intervinientes de la indagatoria valoraron la decisión de comunicarle cargos por delitos tributarios al fundador y candidato presidencial del PRO; sin embargo, afirman que dicha determinación debe extenderse a senadores y diputados en ejercicio y ex ministros de Michelle Bachelet.

Nueve meses después que Marco Enríquez-Ominami declarara a medias ante la Fiscalía –donde interrumpió su testimonio para guardar silencio cuando le empezaron a preguntar por información sobre pagos de SQM–, el Ministerio Público zanjó la duda respecto a su panorama judicial con el caso Soquimich. El persecutor a cargo de la indagatoria, Pablo Gómez, pidió formalizar por delitos tributarios al líder del PRO. Una decisión valorada por los querellantes en esta investigación, pero que debe hacerse –según ellos– extensiva a otros políticos con similares escenarios al de ME-O.

Para la fundación Ciudadano Inteligente ahora se debe avanzar con el resto de los imputados y personas indagadas, como el ex ministro del Interior de Michelle Bachelet, Rodrigo Peñailillo.

“Esperemos que lo mismo se repita en las aristas de SQM por recepción de dinero por boletas o facturas falsas respecto de las otras personas, como el senador Pizarro, el diputado León, el senador Rossi, por quienes nosotros hemos interpuesto querella. Esperemos que se ahonde en eso, porque estamos ad portasde las elecciones municipales y eso puede repercutir en los resultados de la misma. Pero no solo eso, también se ahonde en la arista relacionada con Asesorías y Negocios de Giorgio Martelli, y específicamente con los ex ministros Peñailillo y Arenas”, afirma el abogado Carlos Hidalgo.

Misma percepción del abogado Matías Ramírez, quien expresó que “aún esperamos la decisión respecto a otros personeros políticos, como los senadores Pizarro y Rossi, que para nosotros aparecen involucrados de manera idéntica a Marco Enríquez-Ominami en este financiamiento ilegal de la política y hasta el día de hoy no han sido requeridos por el Ministerio Público, ni siquiera para prestar declaración ni menos para ser formalizados por cargos. Esperamos que esta sea una de tantas formalizaciones pendientes por parte del fiscal Pablo Gómez”, afirma el defensor que representa al diputado PC, Hugo Gutiérrez.

En cuanto al ex ministro del Interior de Michelle Bachelet, el fiscal del caso SQM confirmó el 7 de septiembre que volvería a citarlo a declarar como imputado, después de realizar algunas diligencias vinculadas al ex secretario de Estado, quien emitió cuatro boletas por un total de 16 millones de pesos a la empresa Asesorías y Negocios SPA, del recaudador del oficialismo Giorgio Martelli.

Respecto a si la decisión de formalizar a Enríquez-Ominami es una señal del Ministerio Público que responde a las críticas de sesgo político en estas causas de financiamiento irregular, el fiscal Gómez afirmó que no tiene en consideración el partido de nadie.

“Nosotros no formalizamos a personas de uno u otro sector, lo que hacemos es una investigación objetiva y, de acuerdo a los antecedentes que la investigación arroja, tomamos decisiones como las que tomamos hoy. Evidentemente no podemos tener a la vista a qué partido o sector de la política pertenecen las personas investigadas sino que las decisiones se toman por el mérito de la investigación y eso ha ocurrido en este y todos los casos”, sostuvo a las afueras de la Fiscalía Nacional.

La doctrina Abbott

Una de las principales controversias en torno a los casos de platas políticas que lleva la Fiscalía se ha dado respecto al rol que juegan las querellas del Servicio de Impuestos Internos para la viabilidad de los casos. Desde marzo de este año el Fiscal Nacional, Jorge Abbott, señaló –por medio de una serie de instructivos– que era necesaria una querella del SII para sacar adelante las investigaciones del Ministerio Público.

Lo que no sería el caso exacto en el de MEO, ya que la acción de la Fiscalía cuenta con el débil respaldo de una querella del SII contra SQM Salar, que incorpora a la empresa de Cristián Warner, pero no incluye nominativamente a Marco Enríquez-Ominami, lo que podría complicar la proyección de la formalización del candidato a la Presidencia, a diferencia de la formalización anunciada contra su ex mano derecha a principios de septiembre de 2016.

Ante esto, el fiscal Gómez señaló que “si bien (están) los criterios que ha establecido el Fiscal Nacional respecto a estos casos, existe una querella en contra de Cristián Warner por hechos que, según lo investigado por el Ministerio Público, no solo incluyen al señor Warner sino que también al señor Marco Enríquez-Ominami, por lo tanto, está dentro de los marcos establecidos no solo en la Ley, sino que en los instructivos realizados por el Fiscal Nacional”.

No es primera vez que tras la declaración de la “Doctrina Abbott” los fiscales intentan llevar una causa sin el respaldo nominativo del SII. En tal sentido, en marzo el Fiscal Regional Metropolitano Oriente, Manuel Guerra, anunció que pedirían audiencia de formalización por delitos tributarios contra Laurence Golborne en el marco del caso Penta.

En los próximos días el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago deberá fijar fecha y hora de la audiencia de formalización de Marco Enríquez-Ominami.

fuente: El Mostrador

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