La “vuelta de carnero” de los senadores Rossi, Montes y Walker con la ley que elimina el lucro en los colegios subvencionados

 

En enero de 2015, los senadores de la Nueva Mayoría aprobaron la reforma educacional y desestimaron las críticas de la oposición y de los sostenedores sobre el grave daño que generaría, pero ahora enviaron una carta al Gobierno reconociendo la “fuerte incertidumbre” que generará la ley, y piden modificarla.

Entre junio de 2014 y enero de 2015 la reforma educacional del gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet que eliminó el lucro, el copago y la selección en los colegios subvencionados del país convirtió al Congreso en un campo de batalla.

Por un lado estaban las autoridades del Gobierno –lideradas por el entonces ministro de Educación, Nicolás Eyzaguirre-, y parlamentarios de la Nueva Mayoría –liderados por el presidente de la comisión de Educación del Senado, Fulvio Rossi-, que defendían la iniciativa; y por el otro lado estaban los parlamentarios de Chile Vamos, gremios de los colegios subvencionados y diversos especialistas que advertían los graves problemas que la reforma generaría en el sistema educativo chileno.

La trifulca llegó a las calles de varias ciudades, donde marcharon apoderados y sostenedores criticando la pérdida de la elección de los colegios, y hasta se creó la Confederación de padres y apoderados de colegios subvencionados (Confepa), dirigida por Erika Muñoz, madre de dos estudiantes.

El proyecto fue aprobado por el Congreso el 27 de enero de 2015 tras 13 horas de acalorado debate en comisión mixta con 20 votos a favor de senadores y diputados de la Nueva Mayoría, y el rechazo de 13 parlamentarios de Chile Vamos, quienes acudieron al Tribunal Constitucional alegando vicios constitucionales de dicha ley.

Los daños de la ley advertidos por los sostenedores

El presidente de la entidad que agrupa a los colegios subvencionados, ConacepHernán Herrera, advirtió al día siguiente a este medio que la ley “instalaba una cantidad de incertidumbres y amenazas que lo más probable es que los mejores sostenedores se vayan”.

En síntesis, la ley establece que desde el 1 de marzo de 2016 se iniciaba la eliminación gradual del copago, que será reemplazado teóricamente con el aumento de la subvención estatal, y según La Moneda en 2017 el 93% de los alumnos subvencionados estudiaría sin copago de los padres.

Uno de los puntos más criticados es que en 2017 los colegios deben estar convertidos en corporaciones sin fines de lucro, y tienen un plazo máximo de tres años desde su creación para ser dueñas del terrero y el inmueble donde funcionan los colegios.

El respaldo a la ley de los senadores Rossi, Zaldívar, Walker y Montes

La aprobación de la ley fue celebrada como una victoria aplastante de la Nueva Mayoría. El entonces presidente del PPD, Jaime Quintana, dijo que permitirá “arrancar algunas raíces del sistema neoliberal que tanto daño le ha hecho a cientos de miles de jóvenes”; y la presidenta del Senado, Isabel Allende, calificó la ley de “tremendo paso sin precedentes e histórico para terminar con la segregación, discriminación y el lucro y que nunca más la educación sea un bien transable en el mercado”.

En la misma línea, el senador Rossi, del PS, dijo estar “muy contento, porque hemos logrado sacar al mercado de la educación, establecer la educación como un derecho social y los cimientos sobre los cuales se va a construir la nueva educación pública”.

En su euforia, aseguró que “las fuerzas progresistas han triunfado en la tarea de restituir un sistema educativo basado realmente en las necesidades de los alumnos. Hoy estamos terminando con esta educación injusta que fomenta la exclusión y la segregación con una muy mala calidad”.

De hecho, meses antes Rossi se había comprometido con el entonces ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, a aprobar el polémico proyecto antes del 31 de enero, porque “lo relevante es cumplir con el compromiso de la Nueva Mayoría”.

Además, el senador socialista recorrió el país explicándoles a los sostenedores que la iniciativa no buscaba terminar con la educación subvencionada, sino enfrentar la segregación y estratificación. “Hay educación para 20 lucas, 10 lucas; ese es el problema”, dijo ante sostenedores de Arica en noviembre de 2014.

Pocas semanas antes, en Rancagua, criticó a quienes generaban incertidumbre, y dijo que “entiendo que los padres y apoderados pueden sentir temor, porque cuando hay cambios importantes uno siente temor, es por eso que uno debe informar y dar tranquilidad”.

Su par de la DC y miembro de la comisión de educación, Ignacio Walker, afirmó tras la aprobación que se logró “conciliar de manera adecuada el derecho a la educación con la libertad de enseñanza, con pleno respeto por la autonomía y la diversidad de los proyectos educativos”.

Por su parte, el senador socialista Carlos Montes, también de la comisión de Educación, habló de un “cambio estructural en el modelo educacional en lo que se refiere a desarmar una lógica de mercado”, y aseguró que “todos los problemas quedaron bien resueltos”.

La “vuelta de carnero” de los senadores Rossi, Walker y Montes

Sin embargo, apenas un año después de aprobada la ley, los senadores Rossi, Walker y Montes enviaron una carta al gobierno enumerando los problemas que les generará a los sostenedores el plazo para traspasar los colegios a las entidades sin fines de lucro, y le pidieron al Mineduc modificar la ley y los plazos que ellos mismos respaldaron, alineándose con los privados que antes cuestionaron.

En la misiva pedían “el envío de un proyecto de ley que prorrogue la vigencia de los arriendos, al menos por cinco años más” para hernan herrera“eliminar la incertidumbre reinante y viabilizar la implementación de esta reforma”.

Ello, en línea con las críticas de la Conacep, que admitía públicamente que por la información recabada en los bancos “tenemos la convicción de que el traspaso de la propiedad a las entidades sin fines de lucro no será fácil. Pese a que existe la garantía Corfo, no van a hacer préstamos por más de 15 años y no nos han dicho cuál sería la tasa de interés”, como señaló su presidente Hernán Herrera.

Pero en agosto pasado, el secretario ejecutivo de la reforma, Andrés Palma, rechazó la petición argumentando que los “plazos y condiciones establecidos en la ley son razonables”, recordándoles que “ustedes legislaron al respecto con el objeto doble de impedir el retiro de utilidades por medios indirectos, pero principalmente para evitar que el servicio educacional se vea Comision Educacion Camara de Diputadosinterrumpido abruptamente por efectos de cambios inmobiliarios, como aún ocurre”. Y agregó: “Por ello, se ha fijado una condición estricta, que tiene un plazo razonable de implementación”.

Ante el rechazo de Palma, los senadores enviaron una dura carta el martes pasado a los ministros de Educación, Adriana Delpiano, de Interior, Mario Fernández, y de la Segpres, Nicolás Eyzaguirre en que advierten la “fuerte incertidumbre” que generará la ley que prohíbe el copago, la selección y el lucro.

Uno de los problemas primordiales tiene que ver con los plazos definidos en la ley. Los sostenedores, primero, deberán transferir su calidad de sostenedor a una corporación sin fines de lucro, sin saber si podrán vender sus colegios, ya sea por desinterés de la banca, o por el precio definitivo al que deberán vender. Ambas decisiones van desacopladas (pasar a fundación y vender) y generan una fuerte incertidumbre“, señala la misiva que publicó El Mercurio.

El texto también plantea que las “las fundaciones no puedan contratar servicios de administración superior con terceros organizados como personas jurídicas, imposibilita la profesionalización del sector”.

 También pide que se “deben hacer coherentes los plazos de implementación, para posibilitar su real impacto. Los plazos de traspaso a una corporación o fundación deben estar alineados con una solución al tema de infraestructura”;  “permitir arriendos regulados entre relacionados en forma permanente, sumándose como alternativa” y “establecer un método de valoración correcto de los bienes inmuebles, como establece la normativa legal para la compra de estos”.

 

fuente: El Libero | por: Uziel Gómez Padrón

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