Ministro Vizcarra: Primera víctima de negocios de Piñera y PPK en el Perú

 

 

El ministro de Transportes y Comunicaciones de Perú, Martín Vizcarra, renunció al cargo tras dejar sin efecto el contrato suscrito con un consorcio argentino-peruano para la construcción del nuevo aeropuerto internacional del Cuzco.

Vizcarra anunció el domingo que el Gobierno de Perú ha decidido dejar sin efecto el contrato adjudicado en 2014 al consorcio Kuntur Wasi, integrado por la argentina Corporación América y la peruana Andino Investment Holding, que pidió que el Gobierno aumentara su aporte financiero, ante su incapacidad para encontrar la financiación para iniciar las obras.

El ministro confirmó que la decisión dejará sin efecto el contrato y una adenda que negoció con Kuntur Wasi, que fue rechazada por la oposición política y motivó que Vizcarra fuera interpelado el jueves pasado por el pleno del Congreso.

Según esa adenda, el aeropuerto iba a costar 520 millones de dólares, de los que 410 millones de dólares serían cubiertos por el Ejecutivo y 109 por el concesionario, el consorcio Kuntur Wasi, que iba a tener la concesión de operación y mantenimiento de la instalación durante 40 años.

Las obras comenzaron el 3 de febrero pasado en la localidad de Chinchero, a unos 30 kilómetros del Cuzco, pero pocos días después fueron paralizadas ante la decisión de Vizcarra de suspender la aplicación de la adenda hasta que fuera revisada por la Contraloría.

 

 

PARTICIPACIÓN DE EX PRESIDENTE PIÑERA

El gerente general de la empresa Kuntur Wasi, José Carlos Balta, reveló que el expresidente de Chile, Sebastián Piñera, posee una participación del 6% a través de Bancard International, una empresa familiar, socio de Andino Investment Holding, y que forma parte del consorcio encargado de la construcción del aeropuerto de Chinchero. De otro lado, agregó que son respetuosos de las decisiones del Estado en torno a este tema y que esperarán la disposición del Ejecutivo para iniciar la construcción del terminal aéreo en Cusco. Veamos parte de la entrevista, anoche, en Redes y Poder.

 

LA RELACIÓN DE PPK Y PIÑERA

Ya en noviembre de 2016 causó polémica la decisión del Gobierno de Pedro Pablo Kuczynski ( PPK) de otorgar un Endeudamiento Garantizado Permitido (EGP), es decir, garantía estatal, para cubrir los costos financieros de la construcción del Aeropuerto de Chinchero en el Cusco. La obra fue licitada el 2014, y adjudicada al consorcio Kuntur Wasi, compuesto por la argentina Corporación América S.A., un enorme operador de aeropuertos e infraestructura,  y Andino Investment Holding, ambas por partes iguales. En esta última empresa es socio Sebastián Piñera, a través de Mediterráneo Fondo de Inversión Privada (Fondo Mediterráneo), con casi un 9%.

Adjudicada la obra aeroportuaria por la suma de 265 millones de dólares, empezó a experimentar retrasos en su inicio, cuando el consorcio vencedor esperaba  respuesta gubernamental a una solicitud que mejorara su posición financiera y que no estuvo en las bases de la licitación: una garantía pública para cubrir el costo financiero de la inversión. El Gobierno de PPK la aceptó “por la importancia emblemática del proyecto para la gente de Cusco” (Fuente: “Gestión Perú”), y porque, según declaraciones de uno de los Vicepresidentes del Perú y ministro de Transportes y Comunicaciones,  Martín Vizcarra, significará un ahorro enorme, pues “los intereses convertían esos US$ 265 millones pagados, en 15 años, en casi US$ 800 millones”.

Este “favor” desbloqueó el tema y, de acuerdo a declaraciones del propio PPK, las obras se iniciarán en enero de 2017.

De acuerdo a antecedentes  de la Superintendencia del Mercado de Valores de Perú, el ingreso del Fondo Mediterráneo (de Sebastián Piñera) a Andino Investment Holding, con casi un 9% del total de sus acciones, se concretó a través de sucesivas operaciones de compra de acciones por medio de la Bolsa de Valores de Lima, a partir de febrero de 2014, cuando Piñera era todavía Presidente de Chile, y finalizó a mediados de marzo 2014, cuando ya había dejado la Moneda, según consigna el periódico Hildebrandt en sus Trece en su edición del viernes 18 de noviembre.

Andino Investment Holding es uno de los holdings de inversiones más exitosos de los últimos años en Perú. Absorbió a la agencia marítima “Cosmos” y al operador logístico Neptunia, líderes en sus rubros, y creó un grupo de empresas especializadas en servicios portuarios, asesoramiento en capitales de buques, remolque marítimo, estibada de contenedores y almacenes en general. El año 2009, en negocios con el Estado peruano, consiguió la concesión del Puerto de Paita y, al año siguiente, último de Alan García, la concesión por 25 años de los aeropuertos de  Arequipa, Tacna, Juliaca, Puerto Maldonado y Ayacucho. En la actualidad tiene 19 empresas.

Luego del ingreso del entonces Presidente Piñera a Andino Investment Holding, vino la apuesta de esta empresa por el Aeropuerto Internacional de Chinchero, en Cusco: un contrato de 265 millones de dólares por una concesión de 40 años. La adjudicación se concretó el 25 de abril de 2014, bajo la Presidencia de Ollanta Humala, para el que será el segundo aeropuerto del país y puerta de entrada de su turismo.

Sin embargo, el proyecto se paralizó, en parte por la desaceleración económica del país, pero principalmente porque la adjudicataria presionaba por mejores condiciones financieras.

El 28 de octubre de 2014, ya fuera del gobierno, Sebastián Piñera llegó a Lima para una conferencia, y de paso fue a Palacio a conversar con el Presidente Ollanta Humala, gran impulsor del aeropuerto. Naturalmente una conversación privada, aunque coincidente con una obra que no avanzaba por los remilgos del Gobierno. Pero en julio de 2016, Pedro Pablo Kucynski asumió la Presidencia de Perú, y el 22 de agosto recibió al ciudadano Sebastián Piñera, en un almuerzo en el que estuvieron los ministros Ricardo Luna, de Relaciones Exteriores, y Alfredo Thorne, de Economía y Finanzas. No se tiene versión oficial de este almuerzo. En todo caso, en la reunión no participó el Primer Ministro peruano, Fernando Martín  Zavala Lombardi, cuya hermana, Ximena María, coincidentemente es gerente de  Asuntos Corporativos de Andino Investment Holding.

La fecha del almuerzo referido coincide con el inicio de las múltiples menciones que desde entonces PPK ha hecho sobre el Aeropuerto Chinchero, siempre  indicando que todo está listo para que comiencen las obras. Ello es coincidente, además, hay que decirlo, con el interés de la gente del Cusco, que lleva décadas esperando la obra.

Con todo, vínculos de esta naturaleza referidos a temas de aeropuertos entre PPK y Sebastián Piñera no son solo de ahora. El año 2001, PPK fue nombrado ministro de Economía y Finanzas en el Gobierno de Alejandro Toledo. En esa época, justo antes de asumir su ministerio, PPK era director de COSAPI, importante empresa del rubro de servicios e ingeniería, a la vez que integrante del Consorcio LAP, administrador del aeropuerto Jorge Chávez, en el cual LAN Perú era principal operador. Como se sabe, Piñera en esa época era uno de los principales accionistas de LAN Chile, propietaria de LAN Perú.

Precisamente, entre el 2001 y 2002 se dictaron cuatro decretos de urgencia para que el Estado peruano asumiera la cobertura por riesgo de las empresas aeroportuarias en su operación, por los cambios que se efectuaban en el aeropuerto. El hecho fue advertido de conflicto de intereses por diversos actores públicos del Perú, pero no trajo ninguna consecuencia concreta.

Al menos no hasta ahora.

ADENDA OBJETADA POR CONTRALORÍA GENERAL DEL PERÚ

El contralor Edgard Alarcón informó que la auditoría aplicada al proyecto de concesión del aeropuerto internacional de Chinchero (Cusco), detectó irregulares con el presunto propósito de favorecer al consorcio Kuntur Wasi.

Entre la decena de funcionarios gubernamentales señalados por la Contraloría se encuentran la viceministra de Transportes, Fiorella Molinelli Aristondo; el director general de Concesiones de Transportes, Yaco Rosas Romero; y la directora general de la oficina de Asesoría Jurídica del MTC, Nancy Zedano Martínez.

También el especialista legal de la Dirección General de Concesiones de Transportes del MTC, Hernán Muñoz Valdivia; la asesora legal de la oficina general de Asesoría Jurídica de MTC, Yanina Hilario Solís; el analista legal de la misma dependencia del MTC, Jonathan de la Cruz Medina; el director general de Política y Promoción de la Inversión Privada del MEF, Camilo Carrillo Purín; la especialista económica de la Dirección General de Concesiones de Transportes, Gianina Beoutis Manrique; y los directores del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (OSITRAN), Alfredo Dammert Lira y Antonio Balbuena Vela.

Cuando el proyecto de adenda fue consultado con OSITRAN, la ex presidenta Patricia Benavente Donayre votó en contra de la aprobación, pero le dieron la espalda Dammert y Balbuena. Benavente renunció y dejó por escrito que la adenda largamente era favorable al consorcio Kuntur Wasi.

Fiorella Molinelli fue quien firmó, a nombre del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, la adenda al contrato con Kuntur Wasi.

El cuestionamiento central de la Contraloría a la concesión del aeropuerto internacional de Chinchero es a la adenda que se suscribió el 3 de febrero de 2017 entre el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y la empresa Kuntur Wasi. Para el organismo fiscalizador, el acuerdo desnaturalizó el esquema original de Asociación Pública Privada (APP) en que se entregó la concesión a Kuntur Wasi, para transformarse en una obra pública. El cambio favoreció al consorcio y puso en desventaja al Estado peruano. La adenda, como había sido firmada, implicaba una potencial pérdida de 40.6 millones de dólares en perjuicio de los fondos públicos.

“Es irregular la suscripción de la adenda al contrato de Chinchero (porque) modificó las condiciones de competencia que se utilizaron en el proceso de promoción que llevaron a la firma de dicho contrato, tales como: (a) Cambios en el esquema de pagos; (b) Adelanto de pagos; (c) Traslado del cierre financiero; y (d) Garantías otorgadas por compañías aseguradoras”, dijo el contralor Alarcón.

Y añadió: “Se modificó también la asignación de riesgos financieros inicialmente asignados: concedente (el Estado) 28,6% y concesionario (Kuntur Wasi) 71,40%; mientras que la adenda la modifica de la siguiente manera: concedente (el Estado) 80,73% y concesionario (Kuntur Wasi) 19,27%”.

Mediante el mencionado esquema modificado del contrato original, el Estado se convertía en el principal inversor y asumía riesgos que eran de competencia de la empresa privada. Esa no era la idea primigenia.

Del informe de auditoría se desprende que los funcionarios que intervinieron hicieron una adenda a la medida de Kuntur Wasi.

El contralor Edgar Alarcón recordó que en dos oportunidades los funcionarios del Ejecutivo fueron advertidos de algunas anomalías del contrato. Por ejemplo, el 4 de abril de 2014, la Contraloría comunicó que no se había fijado un plazo para el cierre financiero ni tampoco se fijó un tope para la tasa de endeudamiento.

Y el 12 de octubre la Contraloría recomendó “negociar con el concesionario la tasa de interés del cierre financiero del pago por avance de obra, a fin de buscar un mejor resultado”.

Incluso después de la suscripción de la adenda, el 22 de febrero de este año, la Contraloría dijo que el adelanto de 40.2 millones para el consorcio Kuntur Wasi “representa un riesgo potencial que el concesionario pueda utilizar dicho monto para un fin distinto al previsto”.

El gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, sin embargo, siguió adelante con el proyecto de construcción del aeropuerto internacional de Chinchero, e incluso colocó la primera piedra.

“La adenda fue suscrita incumpliendo la normativa que regula las Asociaciones Público Privadas (APP)”, declaró el contralor Alarcón, quien precisó que los funcionarios pudieron haber beneficiado a Kuntur Wasi “pues no velaron que se cumpla con el contrato de concesión, al no acreditar un acreedor permitido ni contar con una propuesta de financiamiento”.

El informe de la Contraloría no desecha el contrato. Plantea una serie de medidas para mejorarlo.

“Disponer las acciones para restablecer las condiciones técnicas, legales y económicas consideradas en la propuesta del postor ganador y del Contrato suscrito. Esto requiere tomar en cuenta la Ley, las bases del concurso, el contrato, las directivas, lineamientos y guías aplicables para la ejecución contractual, en salvaguarda de los intereses del Estado”, indica la auditoría.

Las conclusiones del ente fiscalizador son contundentes: la adenda al contrato de concesión del aeropuerto de Chinchero –tal como se ha suscrito– es ilegal, pues solamente favorece al consorcio ganador, perjudicando enormemente al Estado peruano. Ahora el caso irá a los tribunales.

 

Fuentes: www.listindiario.com  www.larepublica.pe www.elmostrador.cl

 

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Un Comentario;

  1. oscar dijo:

    En Peru tienen la dignidad de renunciar. En Chile siguen siendo candidatos a presidente. Bien por los peruanos.

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