Chile y Bolivia: Consecuencias regionales sobre un conflicto del centro

 

 

La evidente dificultad de diálogo entre autoridades de ambos países y el escalamiento de las acusaciones, merma nuestras posibilidades de desarrollo ligado históricamente a Bolivia y al Centro Oeste de Sudamérica.

 

Si accedemos al sitio web de la Dirección de Fronteras y Límites (DIFROL), específicamente al apartado Comités de Integración y Frontera, constatamos que la última acta de reunión Chile -Bolivia se remonta al 2011, mientras que en el caso de Argentina, esta acción figura ininterrumpidamente.

La suspensión de los siguientes encuentros anuales de colaboración en materias fronterizas entre diversas autoridades de ambos países –abortado indefinidamente por autoridades bolivianas- coincidió con las tratativas para dar inicio a la demanda que interpuso Bolivia contra Chile en el tribunal de La Haya en abril de 2013.

En este panorama de escaso diálogo y falta de colaboración sobre temas de frontera (como el contrabando, por ejemplo), nos encontramos con el último eslabón del impasse, cuando en las cercanías del poblado de Colchane (último reducto nacional fronterizo) fueron detenidos nueve funcionarios bolivianos, al supuestamente ingresar a nuestro territorio, acusados de cruce ilegal, porte de armas y robo con intimidación.

Desde que se decretara la prisión preventiva en la Centro Penitenciario de Alto Hospicio, se ha negado la visa a cuatro bolivianos, que tenían la intención de visitar a estos detenidos, argumentándose que no correspondían a autoridades bolivianas competentes con su defensa.

Esta semana, el Presidente de Bolivia, Evo Morales, escribió al Papa Francisco para solicitarle interceder ante autoridades chilenas para liberar a los detenidos, enviando paralelamente a la frontera un grupo de elite de las fuerzas armadas para reforzar la lucha contra el contrabando, tensionando aún más las complejas relaciones.

A esto, debe agregarse que el ministro de Justicia de Bolivia, Héctor Arce, en visita a los detenidos en Alto Hospicio, calificó de infame todo el proceso judicial que han debido pasar los detenidos bolivianos, categorizando que “lo que está pasando ahora en Chile, es uno de los casos que quedará seguramente grabado en la infamia de la injusticia y en la infamia de los casos abusivos”.

Más allá de los pormenores de este incidente, debemos destacar que ha ido escalando abruptamente y que lamentablemente está trayendo una serie de consecuencias, sobre todo para las regiones del Norte Grande.

Debido a los incidentes que vienen sucediendo los últimos años entre autoridades de Chile y Bolivia, – detención de los 13 soldados que cruzaron frontera en 2013; comitiva que visitó los puertos chilenos sin autorización en 2016, entre otras- se deterioran las prácticas diplomáticas, que emprenden autoridades de ambos países.

Se hizo uso de la solicitud y posterior denegación de visado al ministro de Defensa del vecino país para visitar a los soldados y aduaneros detenidos, trámite al que debe someterse cualquier autoridad boliviana para ingresar a Chile y que entró en vigor a propósito del anterior incidente sucedido. Nos referimos al ingreso de comitiva boliviana encabezada por el ex canciller boliviano Choquehuanca a los puertos de Arica y Antofagasta, sin las correspondientes credenciales diplomáticas. Este acontecimiento reflejaría que las relaciones boliviano – chilenas estarían pasando de prácticas que consideran la multiplicación de intervenciones subnacionales y de las sociedades en el ámbito diplomático, avaladas por una tendencia mundial abrumadora, a prácticas, de parte de Bolivia, guiadas por artimañas e instrumentalización con fines de política interna  y,  en el caso de Chile, inspirada en la defensa irrestricta de los auto asignados intereses nacionales, vulnerando los intereses de las regiones fronterizas de ambos países que comparten un destino común.

Por otro lado, y conectado a este último punto, más allá de las acusaciones que suceden y sucederán por parte de Bolivia y las declaraciones de autoridades chilenas negando las versiones de sus pares, este incidente diplomático nos alerta como región (Tarapacá y Arica Parinacota) sobre la necesidad de mantener un diálogo permanente entre autoridades y actores locales de ambos países sobre el acontecer en la compleja frontera norte.

La evidente dificultad de diálogo entre autoridades de ambos países y el escalamiento de las acusaciones, merma nuestras posibilidades de desarrollo ligado históricamente a Bolivia y al Centro Oeste de Sudamérica.

Las cifras de comercio internacional son indiscutibles, al igual que el turismo fronterizo y otras prácticas culturales y de convivencia histórica entre Oruro y Tarapacá.

No cabe duda que este incidente tiene un alto impacto en la opinión pública, basta ver los comentarios de ciudadanos, que proliferan en las redes sociales, sobre noticias referidas al tema. Noticias y comentarios que seguirán escalando esta semana y las próximas, si es que siguen detenidos los militares en Alto Hospicio.

En tercer lugar, estamos ante el momento diplomático más complejo y álgido de las relaciones chileno – bolivianas desde 1904.

Si bien en varias ocasiones de nuestra historia, Bolivia ha acudido a instancias internacionales para promover su demanda marítima (1919 ante la Sociedad de las Naciones; 1962 ante la OEA a propósito del litigio del Río Lauca) pareciera que en la última década su resonancia ha sido mayor. Bolivia ha dispuesto su Cancillería al servicio de la demanda marítima y Chile lo está replicando con la última reforma al Ministerio de Relaciones Exteriores, creando una agencia especializada en litigios y demandas en contra de Chile, algo inédito y que judicializa la política exterior a un punto sin retorno.

Cuarto y final, este incidente ha servido para que muchas autoridades chilenas en plena campaña electoral – Tarud, Moreira y Rossi, por nombrar algunos-, acudiendo al chovinismo más recalcitrante, llamen a unirse todos los chilenos ante la ofensiva boliviana, apelando en su consigna a los intereses de la patria, cuestión que en nada contribuye a una convivencia pacífica entre dos sociedades condenadas a convivir y cooperar en armonía.

Por Cristian Ovando Santana. INTE-UNAP.

Publicada en El Desconcierto el  16.05.2017

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