Condena al ex core  Plaza y salvada jabonada de Felipe Rojas…  historias de corrupción en Tarapacá

 

Esto ya que el consejero regional, Luis Plaza, recibió el beneficio de irreprochable conducta anterior y por su actuación como autoridad pública, lo que a juicio del abogado Matías Ramírez, resulta una contradicción ya que precisamente ese hecho demuestra que traicionó la fe pública. En la misma vereda, el actual Consejero de Derecha, Felipe Rojas se escapa por un tecnicismo, de ser condenado por delitos tributarios que fueron acreditados. Dos tristes casos, de un largo historial de corrupción en la región, en la que se han visto enredados hasta las más altas autoridades.

 

Por tres delitos fue condenado el consejero regional de Tarapacá Luis Plaza por el Tribunal Oral en lo Penal de Iquique. Fraude al fisco, perjurio y uso malicioso de instrumento público, penas que en total suman mil 760 días que deberá cumplir en remisión, es decir bajo un régimen de libertad vigilada intensiva sometido a un programa de reinserción social.

 

Además, el tribunal iquiqueño determinó que Plaza deberá cancelar dos multas, una de 21 Unidades Tributarias Mensuales y otra por seis UTM, lo que se suma a la restitución de los poco más de 34 millones de pesos que recibió por el ejercicio del cargo en el Gobierno Regional de Tarapacá, todo esto luego de presentar una licencia de enseñanza media falsa que mostró al Servicio Electoral para participar del proceso donde resultó electo en 2013.

 

En conversación con El Independiente, el abogado querellante, Matías Ramírez, destacó el fallo y sus alcances, aunque reconoció que la decisión fue demasiado generosa con Plaza.

 

“Valorar que el tribunal haya acreditado lo que denunciamos junto al diputado Hugo Gutiérrez respecto al mal uso de las licencias. También ha establecido y acoge todas las pretensiones respecto a la pena como a la indemnización que va a tener que restituir el consejero regional. Ahora, una cuestión distinta que nosotros estamos analizando el fallo, es determinar si las penas se ajustan a los hechos”, comentó Ramírez.

 

La aplicación de la rebaja de la condena considera la actuación de Plaza como consejero regional, situación que resulta a juicio de Ramírez al menos cuestionable. “Ahí hay una situación que nos llama la atención, toda vez que a él se le considera una atenuante muy calificada lo que le permite bajar las penas. Y eso creemos que está mal aplicado por el tribunal, toda vez que en el caso de él no se pude tener como atenuante su desempeño como consejero regional. Precisamente lo que se le critica es que haya llegado a ser consejero regional entregando información falsa y el tribunal, a su vez, considera que eso es como una buena conducta por así decirlo. Nosotros no estamos de acuerdo con esa interpretación”.

 

Matías Ramírez precisó que el análisis del fallo que están realizando como equipo de abogados, es sólo respecto de la condena para conseguir un incremento en la pena que obligue a Plaza a cumplir con presidio los delitos que cometió en este caso.

 

Recordemos que Luis Plaza en su condición de funcionario público y de director de Deportes de la Municipalidad de Alto Hospicio, aprovechó para acudir al colegio Juan Pablo II de esa comuna para adquirir información que luego le sirvió para entregar documentación falsa al Ministerio de Educación para obtener su licencia de enseñanza media.

 

Para Ramírez, Plaza “se prevaleció de su carácter público para cometer estos delitos. Yo creo que eso no fue debidamente ponderado por el tribunal y eso permitiría a nuestro juicio el cumplimiento efectivo de la pena. Yo creo que lo importante, no solamente esta señal que si bien es positiva, que se logre la condena, pero también tiene que haber un castigo efectivo por una conducta desplegada durante tres años”.

 

El abogado recordó además que el core en ningún momento de la investigación aportó al desarrollo del proceso. “Él nunca declara ante el Ministerio Público, guarda silencio en más de dos oportunidades, no declara en el juicio, no entregó antecedentes. Es más, públicamente él siempre dijo que tenía su licencia de cuarto medio, cuestión que el tribunal acaba de acreditar que eso es falso”, subrayó Ramírez.

 

Luis Plaza, cercano del ex alcalde de Alto Hospicio, fue parte del entramado de personajes que han buscado perjudicar la labor parlamentaria del diputado Hugo Gutiérrez, por lo cual se cuadró con la alianza del ex edil de derecha con el senador FulvioRossi, quien también es investigado por la justicia por financiamiento irregular de parte de empresas mineras, entre ellas Collahuasi y la explotadora de litio SQM.

 

Largo historial de corrupción

 

El problema de la corrupción en nuestra región no es algo nuevo ni que tenga sólo a algunos involucrados. Esto porque para varios políticos locales el llegar a cargos públicos significa también la posibilidad de acceder a otros beneficios monetarios, tanto fiscales pero especialmente de particulares.

 

Para el diputado Hugo Gutiérrez, “la corrupción en la vida política tarapaqueña es una realidad tangible que está instalada de los tiempos de la dictadura y que no había sido seriamente denunciada ni combatida. Muchos de los actores políticos de la región son políticos que se han dedicado a amasar su fortuna con recursos que provienen de la corrupción, pero que son verdaderos intocables”.

 

Ejemplos hay varios como el caso muebles en el que ex funcionarios de la Intendencia de Tarapacá autorizaban el pago de cheques por la instalación de mobiliario en colegios de Arica e Iquique, sin que esos servicios se hayan efectivamente concretado. Lo que resultó fue la entrega de millonarios recursos a un particular que luego distribuyó una parte de los ingresos a los funcionarios que permitieron los pagos. Varios de ellos fueron condenados por los tribunales en una acción que involucró a querellantes particulares, el Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado.

 

Sin embargo, para el diputado comunista el problema de la corrupción se debe a que las regiones extremas están muy expuestas a este flagelo producto de la falta de control y fiscalización de las actuaciones de los funcionarios públicos. De eso se aprovechan las grandes empresas que buscan la explotación de los recursos naturales y que usan parte de su capital para el pago de coimas y favores políticos a cambio de poder instalarse sin cuestionamientos.

 

Para Gutiérrez la explicación radica en que “que para hacer funcionar el modelo extractivista-rentista en la región, las empresas principales de extracción de recursos naturales, han ido por el camino corto. Y este es coaptar al político que es el que eventualmente podría denunciarlos”.

 

Como muestra menciona los casos de la ex diputada Marta Issasi, del desaforado senador Jaime Orpis y del ahora senador independiente y ex socialista FulvioRossi, todos pagados por Corpesca con el objetivo de conseguir mayores cuotas de captura y beneficios tributarios que fueron redactados por los propios senadores para rebajar gravámenes por las ganancias obtenidas de la explotación de nuestra biomasa marina.

 

“Los políticos en la región al estar ya siendo instrumentalizados por el poder económico, gran parte de su quehacer o servicio público, en vez de retribuirlo a la ciudadanía ellos se esmeran en instrumentalizarlo para su beneficio económico. Ellos degeneran su actividad política en un servicio personal. Y por eso es que al final del día todo su quehacer político no es más que una forma de enriquecimiento”, comentó Hugo Gutiérrez.

 

El caso de FulvioRossi

 

Reiteradamente el senador independiente FulvioRossi, ha reclamado por la extensa investigación del Ministerio Público en su contra sin que hasta ahora se haya presentado una acusación formal en su contra en el tribunal que investiga la trama de pagos que recibió no sólo de SQM como muchos parlamentarios y políticos de todo el país, sino también de otras compañías que han puesto su mirada en los recursos naturales de la región.

 

En varios círculos la explicación que surge es una vez más la falta de querellas por parte del Servicio de Impuestos Internos en contra de Rossi, ya que hay antecedentes para formalizarlo, acusarlo y eventualmente condenarlo por delitos tributarios. El argumento surge desde la propia fiscalía que en este como en otros casos está de manos atadas al no existir una acción judicial por parte del SII para presentar los resultados de las indagatorias ante los tribunales.

 

La única explicación posible radica en una voluntad política de no tocar a FulvioRossi, quien es visto por el gobierno central como un personaje “capaz de mantener la fiesta en paz”.

 

A eso se suma el entramado de voluntades compradas por Rossi no sólo con el pago de coimas en un efecto cascada por los ingresos recibidos por sus gestiones a favor de las empresas pesqueras y mineras, sino que también distribuyendo cargos a cercanos que significan una buena rentabilidad mensual para quienes los ocupan tanto en direcciones de servicios, seremis y otros puestos.

 

Se trata de una maquinaria compleja en la que están involucrados también sus principales asesores, quienes han debido acudir a la fiscalía para testificar respecto de la entrega de boletas por servicios que jamás se prestaron y que sirvieron al legislador para recaudar fondos para sus campañas y para también coaptar voluntades.

 

De hecho, en el grupo de Whatsapp “PS Recargado” uno de los integrantes “recuerda” a los demás que están en sus cargos no por su trayectoria política o profesional, sino porque Rossi los puso ahí.

 

El objetivo podría ser que el paso del tiempo salve a Rossi. Esto porque tal como ocurrió recientemente con el consejero regional Felipe Rojas, el tribunal debe sobreseer los casos luego de cinco años de cometidos los delitos tributarios.

 

Como planteó el abogado de Rojas, “la prescripción es una causal de sobreseimiento por el paso del tiempo, sin que eso implique que los delitos existieron”.

 

En efecto, la prescripción permite dejar sin responsabilidad penal y eventualmente civil a quien comete el delito, pero aun así quien lo comete es responsable del hecho.

 

En el caso del consejero Rojas, ex asesor de Jaime Orpis en el Senado, fue el SII el que no presentó la querella que hubiera permitido perseguir y hasta conseguir una condena por su responsabilidad.

 

En el caso de Rossi parece ser esa la estrategia, porque como está dicho, hasta ahora desde el SII no hay querella o denuncia en su contra.

 

 

EL INDEPENDIENTE

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