Devolución de dinero al Parlamento no salvará a Orpis de su actuar ante la justicia

 

 

 

Así lo estima el abogado querellante contra el desaforado legislador de la UDI. Al contrario, Matías Ramírez sostiene que se debe indagar el origen de los dineros entregados por el suspendido parlamentario y develar si su origen es fruto de la comisión de nuevos delitos.

 

Fueron 46 millones de pesos los que restituyó el viernes recién pasado el desaforado senador Jaime Orpis al Senado. El objetivo que persigue con esta devolución es mostrar colaboración con la justicia y la reparación del mal causado en una causa que lo involucra en fraude fiscal por el uso fraudulento de asesorías y personal de su staff parlamentario para recibir beneficios económicos a su favor.

 

El mismo día del depósito hecho por Orpis, la Corte Suprema decidió suspender la audiencia de ampliación del desafuero contra el legislador de la UDI, instancia que recién será reagendada los primeros días de la semana que se avecina.

 

Pero los intentos de Orpis por buscar atenuantes en esta investigación por fraude a las arcas del Estado, no tendrán el efecto que pretende. Al menos así lo asegura el abogado querellante en este caso Matías Ramírez, quien en conversación con El Independiente puntualiza que al contrario de lo que busca aparentar con sus acciones, Orpis nunca ha querido colaborar con la investigación del Ministerio Público.

 

Incluso, Ramírez recuerda que “la estrategia de devolución de los dineros no es una práctica nueva. Recordemos que la vez anterior el senador Jaime Orpis restituyó más de 153 millones de pesos, precisamente que había obtenido de manera ilícita desde el Congreso Nacional. Pero eso no le sirvió de nada, toda vez que igual fue desaforado por fraude al fisco, formalizado y también sujeto a prisión preventiva. Nosotros entendemos que la suspensión va en orden a juntar los dineros para poder restituir en este caso el erario fiscal, pero en ningún caso va a hacer caer a nuestro juicio el desafuero propiamente tal, al menos por fraude al fisco y también menos la reformalización y lo más probable el aumento de las medidas cautelares, en este caso de arresto domiciliario parcial al cual está sujeto, por la prisión preventiva como lo ha adelantado el Ministerio Público”.

 

Las negativas de Orpis

 

Jaime Orpis tiene varios frentes abiertos en la justicia. Uno es el de fraude fiscal –que es por el cual el Ministerio Público busca reformarlizarlo ante los tribunales- y el pago de coimas por parte de empresas privadas, entre ellas Corpesca y SQM.

 

Pero a pesar de su situación judicial, Orpis mantuvo su accionar delictivo, como sostiene el querellante Matías Ramírez.

 

“Lo primero que hay que tener presente que producto de la investigación llevada a cabo por el Ministerio Público y la fiscal Ximena Chong, se logró determinar que durante la misma investigación, o sea, es decir el año 2016, mientras el senador Orpis afrontaba una solicitud de desafuero, fue formalizado e inclusive estuvo sujeto a prisión preventiva, él siguió cometiendo los mismos ilícitos por los cuales estaba siendo investigado, en este caso el fraude al fisco”, precisa el jurista.

 

Para Matías Ramírez, se trata de una situación grave, ya que demuestra la indiferencia de Orpis ante las indagaciones que en su contra había iniciado la fiscalía.

 

De esta época “se pudo acreditar por una parte que contrató los servicios o simuló la contratación de los servicios de un profesional para obtener más de 12 millones del Congreso Nacional y además se logró acreditar el aumento de sueldo que les hizo a las secretarias. El aumento de sueldos también es importante en la época en que se realiza, porque se hizo en mayo de 2014 cuando se conocen los primeros antecedentes del caso Corpesca. Ahí se produce un aumento al sueldo de las secretarias de casi por el doble, es decir casi un millón y medio de pesos más. Y esos dineros iban a parar a la cuenta corriente del senador Orpis para sus gastos personales. Eso es lo que precisamente el Ministerio Público justifica como un fraude al fisco y ha solicitado en este caso la ampliación”, explica el abogado.

 

Pero a pesar de todas las evidencias, Orpis nunca ha querido colaborar con el Ministerio Público.

 

“Los antecedentes que son materia del desafuero no fueron reconocidos por él, sino que fueron en este caso producto de las diligencias que hemos solicitado los querellantes y también lo que ha realizado el Ministerio Público lo que permitió establecer que él seguía cometiendo fraude al fisco. Entonces lo que él busca en este caso es generar otra atenuante que se conoce como la ‘reparación del mal causado’, es decir, restituir los dineros que fueron defraudados al fisco de Chile, en este caso al Senado”, precisa Ramírez.

 

Sin embargo, ese intento “en ningún caso hace desaparecer el delito ni mucho menos le da este carácter de colaboración. Lo que sí nosotros también hemos cuestionado inclusive en los alegatos es esta atenuante de la reparación del mal causado, porque tampoco se acredita de dónde vienen estos fondos, que también es una situación sumamente extraña”.

 

La pregunta que surge entonces para los querellantes es de dónde aparecen estos dineros con los cuales Orpis busca atenuar el peso de la ley en su contra. “Estamos hablando eventualmente de más de 200 millones de pesos que el senador restituye de la noche a la mañana sin dar cuenta del origen de estos dineros. Esto también será materia de la investigación de dónde pudieron venir estos dineros, si se trata quizás nuevamente de pagos realizados por empresas para mantener este silencio o en este caso vienen de otro origen ilícito. Pero eso también tendrá que ser materia de la investigación”, puntualiza Matías Ramírez.

 

Orpis empleado en el Congreso de Corpesca

 

Como legislador por Tarapacá, Jaime Orpis siempre buscó mostrar un perfil de combate a las drogas y de protección de la frontera en el norte de Chile. Era una fachada perfecta para cubrir las verdaderas intenciones del legislador de la UDI que era representar no a los habitantes de las regiones de Arica y Tarapacá, sino a grandes empresas.

 

Ese era el caso de Corpesca, como explica el abogado Matías Ramírez: “Los pagos realizados al senador Orpis eran como lo hace cualquier empleador. Él tenía una figura de empleado frente a Corpesca, frente a Francisco Mujica que es el ex gerente general de Corpesca. En definitiva, incidían de manera directa en varios proyectos de ley. Respecto a la Ley de Pesca, inclusive a leyes misceláneas de años anteriores, ya han sido los mismos tribunales superiores de justicia que accedieron en este caso al desafuero y después el Juzgado de Garantía que mantuvo la formalización respecto a estos hechos”.

 

A esto se agregan designaciones en entidades públicas de cercanos a la empresa del Grupo Angelini, como por ejemplo en el Consejo Nacional de Pesca.

 

“Esta misma ampliación de desafuero busca incluir nuevos hechos que serían constitutivos del delito de cohecho. Por ejemplo el nombramiento de Carlos Merino Pinochet, ex rector de la Universidad Arturo Prat, como miembro permanente del Consejo Nacional de Pesca. Ahí la investigación logró establecer cómo Francisco Mujica le enviaba los correos a Jaime Orpis indicándole que debía proponer y votar a favor de Carlos Merino Pinochet, porque era un hombre de confianza de la empresa”, precisa el abogado querellante. Merino Pinochet también era financiado por Corpesca a través de boletas ideológicamente falsas.

 

Ramírez enfatiza que “uno ve las indicaciones presentadas por Jaime Orpis en la Ley de Pesca, ve sus intervenciones en sala, los discursos que él daba en el Senado y son los mismos que le reenvía la empresa a través de Francisco Mujica o a través de Michel Campillay o de Ramón Pino que eran las tres personas de la empresa destinadas en el Congreso Nacional para influenciar entre los distintos parlamentarios, entre ellos Marta Issasi y Jaime Orpis. La tesis de la defensa de que esto no influenció la decisión de Jaime Orpis, francamente no tiene ningún asidero, porque los hechos demuestran lo contrario. Él seguía las órdenes al pie de la letra de lo que le decía el gerente general Francisco Mujica que era quien intercedía por Corpesca”.

 

Salidas alternativas y el rol del SII

 

Un día antes que Jaime Orpis restituyera 46 millones de pesos al Senado, un grupo de sus ex colaboradores alcanzaron una salida alternativa con el Ministerio Público reconociendo su responsabilidad en la entrega de boletas ideológicamente falsas a favor del desaforado parlamentario.

 

De todas formas, para los querellantes se trata de una situación que no reviste en ningún caso un asomo de beneficio para el propio Orpis, ya que al contrario del renunciado militante de la UDI, en esos casos sí hubo una colaboración eficaz con la investigación.

 

Matías Ramírez explica que “la mayoría de las personas que tuvieron estas suspensiones condicionales son por delitos tributarios. Lamentablemente nosotros como querellantes no podemos incidir en aquella materia ya que los delitos tributarios son potestad del Servicio de Impuestos Internos y del Ministerio Público en el caso de las salidas alternativas. Hay que tener presente que muchas de estas personas que accedieron a estas suspensiones condicionales tenían una o dos boletas e inclusive colaboraron con la investigación entregando sus cuentas de correo electrónico, alzando su secreto bancario y eso permitió avanzar con la investigación”.

 

Por eso surge una vez más el cuestionamiento al rol del Servicio de Impuestos Internos en estos casos de financiamiento irregular de las campañas políticas como el caso de Orpis.

 

Para Ramírez “si el Servicio de Impuestos Internos hubiese tenido una postura más activa y más colaborativa con la investigación, se podría haber avanzado de mejor manera. Lamentablemente el ímpetu del SII ha ido decayendo. Si bien ellos presentaron una querella respecto de Jaime Orpis por estas boletas ideológicamente falsas, después no presentaron ampliación respecto de otros hechos. No hay que olvidar que Jaime Orpis está vinculado a otras empresas. Nosotros nos olvidamos que él tiene más de 25 millones de pesos entregados por SQM, que tiene boletas ideológicamente falsas en Entel, en Quiborax que es una empresa muy conocida en Arica. También hay una serie de empresas de las cuales se está salvando producto de esta impunidad planteada por el SII y que a la vez trae un beneficio para Jaime Orpis, que no se le abra otro flanco más de investigación producto de estas boletas falsas”.

 

Aun así, el abogado sostiene que “al menos cuatro imputados sí o sí tienen que llegar a un juicio oral, en este caso Marta Issasi, la ex diputada, el mismo senador Jaime Orpis, Francisco Mujica y Corpesca como persona jurídica. Hay una querella presentada en contra de la persona jurídica Corpesca por estos hechos de corrupción que también debe ser sancionada. Una de las prohibiciones más gravosas es que se le impida celebrar contratos con el Estado y algunas otras instituciones. Yo creo que ese tiene que ser el alcance”.

 

Y aunque reconoce que se podría llegar a más salidas alternativas, para Ramírez existe un límite que es la colaboración de los imputados con la investigación y que no tengan “un gran compromiso en el sentido de muchas boletas o muchos montos asociados”.

 

El otro involucrado: Fulvio Rossi

 

Además de Marta Issasi y Jaime Orpis, otro cercano a Corpesca fue el también legislador por nuestra zona, el ex socialista Fulvio Rossi.

 

Para Matías Ramírez “la figura de Rossi ha sido muy compleja. Por una parte también está la cercanía que él mantenía con Corpesca, lo han reconocido los mismos gerentes de la empresa que tenían una cercanía única con Rossi, con Orpis, con Issasi, con varios parlamentarios de la zona. E incluso Michel Campillay, dirigente eterno de Corpesca que ha sido uno de los mayores lobistas que mantenían en el Congreso Nacional, reconoce que Fulvio Rossi le pide un favor económico, pagar una inserción en el diario y que él cumplió con esa orden de la empresa”.

 

A esto se suma su accionar durante el trámite de la Ley de Pesca durante el Gobierno de Sebastián Piñera, que fue de respaldar la iniciativa del Ejecutivo que negociaba en el Congreso el entonces ministro de Economía, Pablo Longueira, además de proponer artículos para beneficio de las grandes compañías pesqueras.

 

“Uno puede ver que Fulvio Rossi fue el único senador socialista que aprobó la Ley de Pesca en cada uno de sus articulados. Inclusive, la historia de la ley muestra cómo junto a Jaime Orpis, ambos influyeron en el Ejecutivo para obtener un artículo transitorio que permitió a Corpesca ahorrarse más de 5 mil millones de pesos en impuestos. Esas gestiones se han indagado y él mantiene la calidad de imputado para establecer si eventualmente hubo esta relación de cohecho que existía con Orpis”, precisa Matías Ramírez.

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