REBAJA DE CONDENA PARA VICTIMARIO DE NÁBILA RIFO: LA DEUDA DEL ESTADO CON LOS DD.HH.

En un fallo más que discutible desde el punto de vista jurídico, la Corte Suprema resolvió acoger parcialmente el recurso de nulidad interpuesto por la defensa del victimario de Nábila Rifo, mujer que fue mutilada y golpeada hasta casi la muerte. Según el máximo tribunal, no habría podido acreditarse que el perpetrador de la brutal agresión, tuviera la intensión de matar a su víctima, por lo que se desestimó el cargo de femicidio frustrado, reduciendo la pena de 26 a 18 años de presidio. Fue una decisión que dejó estupefacta no sólo a la víctima, sino a la sociedad toda. Un crimen brutal, no sólo por su materialidad objetiva (golpear con bloques de cemento a un ser humano hasta la agonía y arrancarle los ojos), sino por la violencia simbólica que implica la agresión contumaz a una mujer. Un crimen así no merecía la rebaja de castigo que se impuso.

Muchos dirán que la corte resolvió en Derecho y no a partir de las presiones y juicios valóricos de la ciudadanía, o de otros poderes del Estado. Pero lo cierto es que el rebuscado razonamiento esgrimido por la Suprema para fundamentar la ausencia de intención de matar por parte del agresor, da cuenta de lo subjetivo de la decisión. De hecho, la resolución de la corte se dio en votación dividida, como asimismo, no son pocos los juristas que hoy argumentan que la agresión contra Nábila Rifo es femicidio frustrado “aquí y en la quebrada del ají”. Más aún, la decisión viene a contravenir el fallo del tribunal de primera instancia que sí condenó al victimario por dicho delito, junto a los ilícitos de lesiones graves gravísimas y allanamiento de morada.  La elucubración de que si el agresor hubiera realmente  querido asesinar a su víctima no se habría devuelto a arrancarle los ojos, es a lo menos macabra. En síntesis, es una falacia afirmar que la única conclusión en Derecho era la absolución del mayor de los cargos contra el criminal Mauricio Ortega.

La Corte Suprema se equivocó, pero no sólo en la forma, sino peor aún, en el fondo. La ley en un Estado democrático y de Derecho, debe estar al servicio y ser expresión de ciertos valores básicos, aquellos que nos permiten vivir en comunidad, sin caer en la barbarie. Y no puede haber principio superior, que la propia Declaración Universal de los Derechos Humanos, ése es el punto de partida, una carta que nace precisamente para evitar que se repitieran los horrores de la II Guerra Mundial. El deber aquí del Estado, no sólo es castigar un delito específico, cuando se trata de delitos atroces, es indispensable dar una señal de “Nunca Más”. Por eso los Delitos de Lesa Humanidad no prescriben, a diferencia de todos los demás, porque se trata de dar una señal de intolerancia social frente a ese tipo de conductas.

El caso de Nabila Rifo, así como muchísimos casos de violaciones a los Derechos Humanos en nuestro país, debió ser juzgado con mayor severidad que los delitos ordinarios… y no viceversa. En Chile, nuevamente el Estado en general y los tribunales en particular, están al debe. Como país nos quedan dos conductas a seguir: reafirmar el malestar social frente a la desidia con la que se enfrentan este tipo de crímenes, como asimismo avanzar en una legislación más asertiva en la materia. El “¡Ni una Menos!” Y el “¡Nunca Más!”, no pueden sino ser dos caras de una misma moneda.

El Independiente

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