Abogado Matías Ramírez : “La industria pesquera compró normativa a su medida pagando sobornos a parlamentarios”

 

 

 

En conversación con Radio Universidad de Chile de Santiago, el querellante del equipo de juristas del diputado Hugo Gutiérrez, sostuvo que la separación de caso Asipes de Corpesca se trata de una medida que ayudará a la investigación. Además, afirmó que la industria pesquera compró una normativa a la medida pagando sobornos a parlamentarios.

 

El abogado querellante en el caso Corpesca, Matías Ramírez, calificó como positiva la decisión del Ministerio Público de separar la arista Asipes que involucra a las industrias pesqueras de la Región del Bíobío de la causa principal.

 

Para Ramírez, esto ayudará al proceso en contra de los industriales y los parlamentarios que recibieron sobornos de parte de estas compañías, al mismo tiempo que impedirá que el paso de los plazos judiciales afecte en su tramitación.

 

En conversación con el programa Radio Análisis de Radio Universidad de Chile de Santiago, el abogado precisó que “hay un plazo judicial respecto del caso Corpesca, solamente respecto de Jaime Orpis. Y ese plazo está por vencer. El 23 de octubre se ha fijado una audiencia solicitada por el Ministerio Público para discutir el aumento de plazo de la investigación. Y eventualmente no tendría éxito la investigación de Asipes si se tiene bajo el mismo plazo judicial. Por ende de ahí la relevancia de separar la investigación a objeto que se pueda seguir investigando”.

 

Ramírez recordó que en caso de Asipes, son varios los políticos investigados, entre ellos la actual presidenta de la UDI y senadora por la Región del Bíobío, Jacqueline Van Rysselberghe, y el ex ministro de Economía del gobierno de Sebastián Piñera cuando se tramitó la Ley de Pesca, Pablo Longueira. Sin embargo, precisó que hasta ahora la investigación del Ministerio Público no ha formalizado a ninguno de los personajes que son indagados, por lo que la decisión de separar este caso permite continuar con las investigaciones en su contra.

 

“Hasta el momento no se encuentra formalizada esta investigación y era lógico, del punto de vista jurídico y procesal hacer esta separación a objeto de que ambas investigaciones puedan llegar a buen curso. En el caso de Corpesca estamos hablando de una investigación que prácticamente se encuentra agotada en  su mayoría respecto a las diligencias del senador Jaime Orpis, por ejemplo. Incluso estas mismas ya se han conocido en esta ampliación de desafuero que hace un par de semanas atrás la Corte Suprema dio a lugar”, indicó el abogado.

 

Respecto de esta arista en particular, Ramírez comentó que “quizás lo que ha faltado en esta investigación y particularmente a las diligencias es unir ese dinero directamente a los personeros, a los imputados que se están investigando. Pero, en ese sentido tenemos conocimiento que en el caso de Jacqueline Van Rysselberghe se han adoptado una serie de diligencias respecto de ciertos testimonios de ex personeros cercanos a ella donde han hecho esta vinculación. Ahora falta la siguiente etapa que es por ejemplo lograr el alzamiento del secreto bancario respecto de la senadora, respecto de otros imputados, a objeto de determinar si efectivamente esos dineros en algún momento ingresaron a su patrimonio que también es un tema discutible si es que se requiere en este caso que exista un enriquecimiento personal para configurar el delito de cohecho. A nuestro juicio, lógicamente que no es necesario, porque también se puede generar este beneficio económico para un tercero. Eso también es materia de investigación, por ejemplo respecto de Asipes”.

 

Una ley a la medida

 

Fueron varias jornadas de intenso debate en el Parlamento para sacar adelante la Ley de Pesca. La iniciativa enfrentaba el rechazo total de las federaciones de pescadores artesanales e incluso algunas de ellas llegaron con botes a Santiago para marchar hacia La Moneda y mostrar la negativa a la propuesta impulsada por el Gobierno de Sebastián Piñera.

 

A los pescadores artesanales se sumaba la visión de organismos no gubernamentales que iniciaron campañas en contra de la propuesta legal por perjudicar la reserva de los recursos marinos y el futuro de la pesca artesanal ya que aseguraron desde entonces, se beneficiaría sólo a la industria pesquera.

 

Pero los propios industriales expresaron sus reparos a la normativa que proponía Piñera junto a su ministro de Economía, Pablo Longueira.

 

Sin embargo, esa postura de los empresarios no era más que una estrategia para desviar la atención y así conseguir que se aprobara el proyecto en las condiciones que había sido presentado al Congreso. De todas formas, ya contaban con el voto de parlamentarios de todos los sectores que por diversas vías y agrupaciones de industrias pesqueras de las distintas zonas del país recibieron recursos y por lo que son investigados por la Fiscalía.

 

Sobre el tema, Matías Ramírez explicó en Radio Universidad de Chile que “hay que recordar incluso que este mismo conflicto que en algún momento la industria pesquera levanta con el Gobierno de Sebastián Piñera, diciendo que estaban en contra del proyecto de Ley de Pesca, fue artificial. Fue artificial y fue ideado desde la misma industria pesquera y en coordinación con varios personeros del Ministerio de Economía que estaban a cargo de la tramitación de la Ley de Pesca. Y de eso se da cuenta en distintos correos electrónicos donde hacen esa coordinación para que las industrias levanten este gran reclamo respecto del proyecto. Pero al final del día tenían un proyecto de consenso que fue el que finalmente se aprobó en diciembre del 2012”.

 

“Qué duda cabe que la industria pesquera compró a la política. Y no sólo eso: compró una ley hecha a la medida. Y eso queda acreditado en muchas comunicaciones electrónicas que se han logrado incautar”, agregó el querellante.

 

Orpis, Issasi, Rossi, Van Rysselberghe, Longueira…

 

Tal como hizo SQM, la empresa privatizada en dictadura y entregada al yerno de Pinochet, Julio Ponce Lerou, la industria pesquera también se encargó de pagar sobornos a legisladores de todos los sectores.

 

El lazo surge tempranamente, cuando los futuros parlamentarios son aún candidatos. Y aunque no sean electos, la relación puede dar de todas formas sus frutos, pues los gobiernos requieren designar los cargos de confianza como jefes de servicios, seremis, subsecretarios y otras oficinas públicas.

 

Si bien en el caso Corpesca inicialmente se vinculó a personeros de la UDI, esto poco a poco se fue ampliando hasta llegar a todo el espectro político, salvo la excepción del Partido Comunista.

 

“Cuando se inició la investigación por el caso Corpesca desde el punto de vista político fue bastante estrecha la vinculación porque en definitiva eran dos militantes en ese momento, tanto Marta Isassi como Jaime Orpis, de la UDI. Se hizo un sesgo particularmente a este sector. Pero esta situación se escapa cuando se conocen los primeros antecedentes tanto de Asipes como también de Fipes que tampoco hay que olvidarlo, porque al final del día hubo una estrategia desde el Ministerio Público de separar esta investigación muy inicialmente y al final todos sabemos las consecuencias que eso trajo, que es el sobreseimiento en este caso de los involucrados sin siquiera realizar aquellas diligencias que eran indispensables como era la incautación de los correos electrónicos, como es el caso del senador Patricio Walker”, precisó Matías Ramírez en conversación con la emisora capitalina.

 

En el caso de Asipes, agregó el abogado, “ahí queda más de manifiesto. Porque de los parlamentarios involucrados y los listados de aportes de las pesqueras, estamos hablando de parlamentarios que van de la Región del Bíobío hasta Puerto Montt. Es decir, abarcan más regiones, más circunscripciones. Y no solamente se ha podido acreditar el financiamiento a determinados parlamentarios, sino también a varios candidatos que van quedando en el camino y que después asumen en otros cargos de gobierno que también pueden beneficiar en este caso a la gran industria pesquera”.

 

Por eso, el querellante subrayó que “hay varios (personeros) que deben seguir bajo investigación y que no hay que descartar que el día de mañana también sean formalizados por cohecho por haber recibido este financiamiento ilegal por parte de la industria pesquera”.

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