De Rossi a Piñera… el “Síndrome SQM” como atentado contra la democracia

 

La humanidad en general y América Latina en particular, han aprendido a costa de millones de muertos, torturados y apresados, la importancia de la democracia. El resguardo de los derechos civiles y políticos, así como el respeto por la voluntad soberana de los pueblos,  hoy tienen  incluso dimensión internacional, como da cuenta, entre otros instrumentos, la llamada “Cláusula Democrática” por la cual Mercosur puede sancionar a alguno de sus miembros en caso de quebrantamiento del orden institucional. Pero lo cierto es que hoy las amenazas a la democracia revisten un carácter más sibilino y sutil, que la mera brutalidad de los golpes militares. La coaptación del poder político por parte del poder económico hoy adquiere ribetes alarmantes, convirtiendo nuestras repúblicas en verdaderas oligarquías, donde el Estado termina trabajando para los intereses de las grandes corporaciones. Un problema que hoy, más que nunca, ataca a las propias instituciones de nuestro país. El escándalo de las platas políticas de SQM es un dramático ejemplo.

Hace pocos días se dieron a conocer antecedentes que dan cuenta del aporte ilegal de más de 100 millones de pesos por parte de SQM, a la campaña presidencial de Sebastián Piñera en 2009. A eso se suma el procesamiento de su entonces ministro de economía y uno de los fundadores de la UDI, Pablo Longueria, por haber triangulado recursos de SQM por más de 1300 millones de pesos, para dirigentes de su partido. Los casos atribuidos al gobierno de Derecha suman y siguen, como los aportes ilegales del Grupo Penta al entonces subsecretario Pablo Wagner y un largo etc. Estos aportes, entre otros perjuicios a los intereses de Chile, se tradujeron por ejemplo en la licitación espuria del Salar de Atacama a SQM, desde donde extrae Litio, mineral estratégico y del cual el país no obtiene provecho alguno. Lo mismo ocurrió con la tristemente célebre Ley de Pesca. A nivel regional, el cohecho ya adquiere niveles de escándalo, con la condena a un senador (Orpis, UDI) y una diputada (Isasi, UDI); y el procesamiento del segundo senador (Rossi, ex PS).

No será posible construir una democracia sólida, así como un país más justo y desarrollado, mientras no despejemos la relación entre dinero y política. Hoy por hoy, esta es la mayor amenaza a nuestras instituciones. La nueva normativa electoral, que regula el nivel de gasto y su procedencia, es sin duda un paso en la dirección correcta, pero más importante aún es que tanto el Estado, como la ciudadanía, sancionen a quienes han caído en estas prácticas deleznables. En primer término, tanto las instancias judiciales como las administrativas (SII) deben investigar estos delitos y castigarlos; como asimismo, la ciudadanía a la hora de emitir su voto, debe ayudar a limpiar las instituciones de aquellos que han convertido el servicio público y la acción política, en moneda de cambio para favorecer sus intereses privados.

EL INDEPENDIENTE

Compartir:
Etiquetas , ,

Artículos relacionados

*

*

Arriba