Secreto de Comisión Valech I o cómo se fraguó el pacto para la impunidad

 

 

A través de argumentos poco creíbles, el partido con más formalizados por financiamiento irregular de sus campañas y soporte ideológico de la dictadura que encabezó Augusto Pinochet, busca evitar que se levante el secreto de medio siglo que rige sobre el Informe Valech I. El objetivo es evitar que cientos de agentes represivos sean investigados por las graves violaciones cometidas entre 1973 y 1990.

 

Proteger la privacidad de quienes sufrieron la prisión política y la tortura. Ese es el argumento esgrimido por la UDI para que el secreto que rige sobre el Informe Valech I se mantenga y no se conozcan los testimonios de los ex prisioneros políticos que por miles mantuvo la dictadura cívico-militar en Chile.

El objetivo es evitar que la información sea conocida por los tribunales de justicia y así iniciar las investigaciones que permitan encausar y castigar a los responsables de los atropellos cometidos durante el régimen que encabezó Augusto Pinochet. Esto porque a pesar del paso de los años, el derecho internacional sostiene que los delitos contra la humanidad son imprescriptibles y no pueden ser amnistiados, lo que permite que se apliquen las condenas penales que correspondan por estos delitos.

Monseñor Valech le entrega a Ricardo Lagos los resultados de la comisión

Pero la UDI intenta por cualquier vía evitar que se conozca esta verdad que se ha mantenido en secreto durante ya más de una década desde que fuera entregado el documento preparado por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura que bajo el Gobierno de Ricardo Lagos encabezó Monseñor Sergio Valech. De ahí el nombre con que se conoce el informe.

La imposición del silencio de 50 años se impulsó durante el debate legislativo por parte del entonces Presidente de la República, Ricardo Lagos. Quien oficiaba como comandante en jefe del Ejército en la época era el autor del “Nunca más”, Juan Emilio Cheyre. Recordemos que el mismo oficial es hoy investigado por su responsabilidad en su calidad de ex jefe de inteligencia del Regimiento Arica de La Serenaal paso de la Caravana de la Muerte en octubre de 1973 donde fueron  fusiladas 13 personas y también por las torturas que ahí se cometieron, según testigos, bajo su mando.

Protesta contra la tortura en Santiago de Chile

Verdad, justicia, reparación

 A un año del término de la dictadura, el gobierno de Patricio Aylwin presentó los resultados de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación que dirigió el abogado Raúl Rettig.

El documento dio cuenta de los cientos de personas ejecutadas durante el régimen dictatorial y permitió el inicio de investigaciones judiciales que terminaron con varios agentes de los organismos represivos procesados y e incluso condenados por los tribunales. El Informe Rettig se constituyó así en un documento que no sólo sirvió para establecer lo ocurrido en la dictadura con miles de chilenos, sino también para reparar a los familiares de las víctimas y también para hacer justicia.

Eso fue lo que Lagos y Cheyre intentaron evitar al imponer el secreto de medio siglo a la Comisión Valech. Pero a diferencia de la Comisión Valech I, ni el Informe Rettig ni el de la Comisión Valech II quedaron en secreto. De esta forma, Lagos y Cheyre alcanzaban su objetivo de resguardar los nombres de los agentes e incluso del propio militar retirado quien ahora aparece involucrado en las violaciones cometidas por uniformados en el Regimiento Arica de La Serena.

Homenaje de Lagos a General Cheyre

¿Qué habría ocurrido si los tribunales conocían los datos aportados por los ex prisioneros que pasaron frente a Cheyre en el recinto militar de La Serena? Lo más probable es que el procesamiento se habría iniciado antes no entorpeciendo la acción penal en su contra. Al menos fueron 10 años de retraso en el caso del ex comandante en jefe del Ejército y en el de otros agentes de la dictadura, propiciando así lo que los familiares de las víctimas denominan la “impunidad biológica”, es decir la que se ha logrado gracias a la muerte de los victimarios sin ser castigados por sus crímenes y por el fallecimiento de centenares de ex prisioneros políticos y familiares de ejecutados o detenidos desaparecidos, terminando así la búsqueda de verdad y justicia.

 

Los obstáculos de la UDI 

Son varias las movidas realizadas por la presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe, quien en su calidad de presidenta de la comisión de DDHH del Senado ha logrado dilatar el debate del proyecto que levanta el secreto del Informe sobre Prisión Política y Tortura I. La última la consiguió el miércoles recién pasado cuando, a pesar de avanzar la idea de legislar el proyecto, impulsó que no se cerrara el debate en esa instancia aduciendo que aún faltan organismos y especialistas que acudan a entregar su visión del tema.

Presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe

Para el diputado Hugo Gutiérrez, autor del proyecto que se discute en el Parlamento, “la UDI lo que busca es colocar obstáculos porque sabe que de levantarse el secreto se va a poder perseguir a cientos de agentes de la dictadura que hasta ahora han burlado a la justicia”.

El parlamentario apunta no sólo a lo realizado por Van Rysselberghe, sino también por otros legisladores gremialistas que con argumentos poco creíbles buscan entorpecer que se conozca la verdad. Por ejemplo, se señala una pretendida preocupación por la privacidad de las víctimas, cuando ellos fueron los que empujaron la dictadura dando sustento ideológico al régimen que hizo de la tortura y las violaciones a los derechos humanos una práctica habitual.

Por eso el diputado por nuestra zona rechaza el intento por defender los argumentos esgrimidos por los parlamentarios de ese sector, en especial por la periodista Pamela Jiles que públicamente dijo que el impulso de la iniciativa tiene un carácter electoral. “Lamento que la estrategia de la UDI sea avalada por personas que señalan haber sido víctimas de la dictadura. En particular me refiero a la señora Pamela Jiles”, precisó Gutiérrez.

Diputado Comunista Hugo Gutiérrez

Al mismo tiempo, apunta al pacto de silencio entre Lagos y Cheyre: “Esta fue una decisión gubernamental en acuerdo con los militares. Ricardo Lagos lo que hace es acordar con el entonces comandante en jefe del Ejército, Juan Emilio Cheyre, para colocar este secreto de 50 años, porque sabían lo que se venía luego de lo ocurrido con el Informe Rettig. El Informe Rettig fue un informe de verdad, reparación y justicia, porque gracias a su información se pudieron iniciar cientos de causas en contra de los agentes de la dictadura. Eso es lo que buscaron impedir con el secreto de 50 años impuesto al Informe Valech I”.

 

Nadie habló de secreto 

Miguel Retamal, presidente de la Agrupación Nacional de Ex Presos Políticos y coordinador Nacional del Comando Unitario que reúne a seis de estas organizaciones, sostiene que nunca se les informó que sus testimonios estarían sometidos a un secreto y menos de cinco décadas.

“Yo no sé si es posible que se consigan las fichas en las cuales se llenaron nuestros testimonios. En esas fichas después de no sé cuantas preguntas, porque eran muchísimas, no existe la pregunta si uno quiere o no quiere que esto se conozca. Nunca nos preguntaron, nunca nosotros supimos que nuestros testimonios iban a ser revelados”, precisa el dirigente.

Retamal, quien  estuvo detenido en Villa Grimaldi, también apunta a Ricardo Lagos como el origen del silencio que pesa sobre los relatos realizados por los ex prisioneros políticos. “No es otra cosa que el compromiso que tuvo Lagos y su gobierno de aportar a este pacto de silencio de las fuerzas armadas, un compromiso que viene del año ’90. Cuando empezó este periodo de transición hubo un compromiso con las fuerzas armadas de no tocarlos. Y ellos se dan cuenta que el hecho de conocer nuestros testimonios es un paso importante para esclarecer muchos casos, incluso de detenidos desaparecidos. Pero sobre todo es conocer y darnos la posibilidad a los presos políticos de conocer a nuestros torturadores”.

El deseo por develar la verdad de quienes sufrieron estos atropellos se verificó desde un comienzo. Así lo comenta el presidente regional de Valparaíso de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Lalo Morris. Este dirigente que vivió exiliado en Suecia, formó parte de la comisión que recabó los antecedentes de los centenares de chilenos que también llegaron a esa nación europea luego de ser sometidos a vejámenes por la dictadura pinochetista.

Uno de esos testimonios fue el de la prima de la Presidenta Michelle Bachelet, Nerina Román Jeria, reconocida en el Informe Valech con el número 21508.

Morris recuerda que Nerina “era una mujer muy digna, muy hermosa, impresionante. Prácticamente la deformaron con las aberraciones sexuales que le hicieron. Y ella decía ‘cómo poder denunciar’. Finalmente ella lo hizo públicamente en el exilio en testimonios y comisiones internacionales que se formaron”.

La familiar de la mandataria murió en la ciudad sueca de Växjö en el sur del país, según Morris a raíz de esos mismos vejámenes. “Ella decía que hacía este testimonio para que el pueblo de Chile, para que el mundo conozca la inhumanidad de estos fascistas que derrocaron el gobierno del Presidente Allende”, precisa el representante.

Otro caso es el de un hombre de edad avanzada de la ciudad de Norrköping, también en Suecia, el que no tenía cómo escribir su relato. Según comenta Morris, la mujer de este ex prisionero político había fallecido y sólo tenía a su hija adolescente. “Nos contestó que sólo tenía su hija de unos 18, 19 años. Entonces le preguntamos que por qué ella no le había escrito. Pero respondió que no. Su mujer había muerto y la niña era hija del torturador. Y lloraba y lloraba y lloraba. Son testimonios que desgarran, que hay que denunciarlos”.

Morris critica a los parlamentarios de la UDI por su intento permanente por bloquear el proyecto que busca levantar el secreto del Informe Valech I. “Qué intimidad tratan de resguardar si quien concurrió a la Comisión Valech I a entregarlo, qué sentido tenía si lo iban a guardar por 50 años. La contribución a la verdad, a la memoria y sobre todo a la justicia buscan hoy día obstaculizarla”, concluye el dirigente.

El lunes 11 de septiembre durante la ceremonia de conmemoración de los 44 años del golpe de Estado contra el Gobierno de Salvador Allende, la Presidenta Michelle Bachelet anunció que colocaría discusión inmediata al proyecto presentado por el diputado Hugo Gutiérrez y respaldado por parlamentarios de varios sectores, incluyendo al presidente subrogante de la Democracia Cristiana, Matías Walker. El objetivo es salvar las trabas de Van Rysselberghe en la comisión de DDHH del Senado y cumplir con el compromiso que está en su programa de gobierno de avanzar en verdad y también en justicia.

EL INDEPENDIENTE

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