Alto Hospicio: Concejales Cáceres y Becerra en la mira del Consejo de Defensa del Estado

El Consejo de Defensa del Estado ingresó al municipio una solicitud de información acerca de la asignación de recursos para los concejales Jessica Becerra y René Cáceres para capacitaciones realizadas fuera del país. El caso conocido como “Concejales on tour” en un reportaje de televisión, abre la puerta al mal uso de los recursos de una de las tres comunas más pobres de Chile.

 

El 1 de septiembre recién pasado, el abogado procurador de Iquique del Consejo de Defensa del Estado, Marcelo Faine, ofició al director del Departamento de Administración y Finanzas de la Municipalidad de Alto Hospicio, Cristián Reynoso. El documento hace una solicitud expresa al funcionario municipal respecto de los gastos realizados por los concejales en “capacitaciones” y que son cuestionadas por la comunidad.

 

El documento, al cual tuvo acceso El Independiente de Tarapacá, apunta a los recursos utilizados por estos representantes, entre los que se cuentan los actuales concejales Jessica Becerra (DC) y René Cáceres (UDI).

 

Según el documento enviado por el representante del CDE en nuestra región, son más de 165 millones de pesos los que fueron destinados a viajes dentro y fuera del país, con destinos que incluyen Perú, Colombia, México, Ecuador y Brasil.

 

Recordemos que Jessica Becerra hace sólo algunos meses llegó disfrazada de payaso a la reunión del concejo municipal impidiendo que se llevara a cabo, intentando responsabilizar a la actual administración comunal de los problemas financieros que tiene Alto Hospicio, todo en medio de las indagaciones por los millonarios gastos de los que la propia concejala ( ex DC) se benefició. A eso se suma el extraño enriquecimiento del ex alcalde Ramón Galleguillos.

 

Millonarios viajes

 

Jessica Becerra aparece con un gasto en viajes al exterior que alcanza los 15 millones 324 mil 896 pesos, según la indagación que lleva adelante la Contraloría General de la República. En tanto, el UDI René Cáceres sólo en su primer periodo en el concejo municipal gastó 50 millones de pesos en viajes a México, Ecuador, Brasil y Colombia.

 

Tal como informamos en un artículo de El Independiente en el mes de julio, el Ministerio Público inició una investigación por estos hechos que aún está en curso y que podría involucrar no sólo una falta, sino que podría configurar un fraude al Fisco, es decir, un delito grave.

 

Con este objetivo es que el abogado del CDE en Iquique envió el oficio al director de Administración y Finanzas de la comuna de Alto Hospicio, buscando además que se aclaren varios puntos, entre ellos si se dio inicio a un sumario administrativo que permita determinar responsabilidades en estos hechos, particularmente en el desvío de fondos de todos los hospicianos para los viajes de estos dos y otros concejales.

 

Entre otros puntos que pide aclarar el oficio, el abogado del organismo que vela por los intereses del Estado solicita que “se informe de manera detallada respecto de cada concejal y funcionario municipal que participó en estos cursos, indicando cuáles han sido sus comisiones de servicio, lugares de destino, motivo de tales comisiones de servicios; viáticos asignados con precisión de sus ítems, esto es valores de inscripción, alimentación, alojamiento u otros”.

 

Además, pide “copia de las boletas presentadas para la rendición de los gastos pertinentes, según corresponda, con el respaldo de la asistencia diaria de cada concejal y funcionario municipal, a la capacitación respectiva”.

 

Este punto es clave, ya que el reportaje de Canal 13 emitido el 24 de julio de 2016 denominado “Concejales on tour”, se muestra claramente a los ediles en estas “capacitaciones” en el extranjero de compras en centros comerciales y no en las actividades por las cuales fueron beneficiados con estos viajes.

 

Por eso el abogado del CDE solicita además que se informe “si existen antecedentes y/o registros en torno a la utilidad efectiva que los cursos de capacitación impartidos durante el periodo indicado, prestaron a los concejales que asistieron a los mismos, considerando las funciones y deberes de los mismos y las materias de dichos cursos”.

 

Además en el documento se solicita información de las agencias que intervinieron en las capacitaciones, su idoneidad y certificaciones, además del mecanismo para la selección de los concejales y funcionarios municipales que participaron de los cursos.

 

De forma paralela, un informe de la Contraloría General del 6 de junio de este año, determina que hubo un uso injustificado de recursos municipales para el pago de comisiones de servicio en el caso de los concejales René Cáceres, José Reyes, Orlando Garay y Jessica Becerra.

El documento sostiene que “se verificó que los concejales señores René Cáceres Araya, José Reyes Astudillo, Orlando Garay Castro y a la señora Jessica Becerra, se les pagó por concepto de comisiones de servicios la suma total de $ 11.542.041, por su participación en diversas capacitaciones y /o seminarios realizados durante el año 2015 y primer semestre del año 2016, advirtiéndose que no existen antecedentes que acrediten el cabal cumplimiento del cometido encomendado a los aludidos ediles, tales como certificados de participación o algún otro documento otorgado para tal efecto, lo que no permitió constatar el objetivo de tales erogaciones”.

Y aunque la CGR sólo solicita el reintegro del pago realizado al concejal Garay (decreto pago N° 1949 de 2015 por la suma de $ 887.606), el municipio aún bajo el mando de Ramón Galleguillos pidió que se reconsiderara “específicamente respecto del reproche formulado sobre gastos de personal en especial a concejales, en razón de la falta de acreditación en la participación de cursos y seminarios”.

La petición fue ingresada sólo a 20 días del cambio de la máxima autoridad municipal.

 

Desde 540 días de cárcel…

 

Ya con Patricio Ferreira como alcalde de Alto Hospicio, el 3 de enero de 2017 se entregó un instructivo de cometidos para los integrantes del concejo municipal, lo que fue considerado por la Contraloría como un paso para subsanar los hechos observados.

 

Tal como sostuviera en conversación con El Independiente el abogado querellante en este caso Enzo Morales, si bien las penas que podrían aplicarse en este caso van desde los 540 días, aún se debe cuantificar la cifra de lo defraudado, además de determinar si el uso de los fondos municipales se hizo consciente que se estaba afectando a la entidad pública que representan y sus recursos, todo lo cual podría incrementar la gravedad de las condenas.

 

Ya en julio adelantábamos también que un elemento que se debe considerar es la afirmación del Contralor General, Jaime Bermúdez, quien precisó que en el caso de autoridades incluyendo las municipales, no cabe que se les otorguen financiamientos para capacitaciones ya que se trata de personas que no son funcionarios públicos, por lo que también se debe investigar si se cometió en este caso una falta o directamente un delito.

 

 

 

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