La noción democrática de la justicia

 

La imagen de Pinochet en el congreso, como senador de la república, es quizás la imagen más tétrica de la democracia naciente en el Chile de los noventa, con muchos signos de interrogación, interdicciones, tutelas, y consejos superestructurales de la seguridad fascistoide.

Una democracia protegida, que neoliberalizo las vidas de los chilenos, permitió patios y accesos, participar del consumo como una psicopolítica por los medios neuronales de la imagen, la imagen como una tecnología que se transforma en lenguaje cognitivo capturador.

Esa imagen criolla, la cuestionó la justicia internacional, la lucha por los derechos humanos como un reconocimiento epocal, ha permitido perseguir a transgresores, su aplicabilidad geopolítica tiene los límites del orden mundial, pero ha posibilitado visibilizar e intervenir como en el caso chileno, con la detención de Pinochet en Londres (1998).

Se sacó de escena la vieja molestia, ya para una democracia, que debía higienizar su performance, quedó develada de manera grotesca la nula acción de la justicia chilena, una justicia jibarizada en el poder que reproduce una forma de justicia muy incompleta, porque al final se traduce en una justicia para los ricos, o ellos como un campo de excepcionalidad, exclusividad, un sentido común de privilegios, es una justicia que no sabe a justicia verdadera.

Toda democracia real debe aceptar el conflicto, los derechos por sobre los privilegios, los reconocimientos universales de los derechos humanos. Esa defensa de derechos pone el PIB al servicio de la población, es la economía al servicio del hombre, y de las grandes mayorías.

Los derechos humanos operaron como una reserva moral, que fue un refugio ético y simbólico de resistencia muy potente culturalmente. Fue el espacio ético irrefutable frente a la dictadura, esa moralidad minó las bases del Estado autoritario.

Hugo Gutiérrez, abogado reconocido en causas de derechos humanos, diputado de la república, presentó una querella contra Piñera por los negocios de Bancard con Exalmar, la acción legal señala que el mandatario habría accedido a “información estratégica de los escenarios posibles de pérdida o no de territorio marítimo chileno” para “conseguir créditos económicos”.

Enfrentar al poder unívoco, a las monarquías del dinero, no es una cuestión baladí, cuando el poder se concentra excesivamente la democracia pierde el sentido de su aspiración filosófica central, igualar.

La democracia es el espacio de la igualación donde unos menos fuertes pueden igualar a otros más fuertes, es la eticidad del respeto humano, la concepción de un imaginario de lo público, un espacio que es de todos.

Suficiente literatura existe sobre la concentración del poder en América Latina, cuestión que tiene una proyección muy simétrica con los niveles de desigualdad de la región, esto hace que los dueños también gobiernen. Y esa es una imagen un tanto obscena, por la implicancia que tiene en la acentuación del poder económico y político en pocas manos, en una elite acaudalada.

El negociar mientras se dirige un país, como en el caso Exalmar (2010 y 2011) es una imagen con límites gansteriles, porque implica que la separación entre política y negocios es un formalismo estéril. Y ahí, nuestra justicia actúa con los límites de una institucionalidad construida desde arriba, y para los de arriba. Cuando la justicia no actúa, se hace débil la democracia, y estos son valores de una sociedad, se juega con cuestiones muy serias.

Perseguir al fiscalizador del poder, puede traducirse en los efectos de la causalidad técnico jurídica, pero de fondo es reducir los espacios de la democracia, reducir la posibilidad de que un ciudadano cuestione al poder, aún más, si es, quién ha sido elegido para esa misión.

Fiscalizar el poder justamente es la acción democrática inversa de concentrar el poder, la labor de fiscalización del poder, es una regulación no solo necesaria, sino ética y moralmente imprescindible.

Un poder altamente concentrado sin fiscalización puede terminar en la escena pornográfica de la “ley de pesca”, eso es antidemocrático, pero además, es corrupto, en el para qué usas la democracia y la política.

La eticidad de las relaciones democráticas son una premisa para una convivencia nacional sana, donde la justicia con la ejemplaridad de su aplicabilidad democrática investigue al ciudadano común, pero también al hombre acaudalado, y con poder, esta es una noción a la base, no solo progresista, sino fundamentalmente un principio constituyente de una convivencia nacional.

La construcción democrática es una cuestión que es responsabilidad de todos, sobre todo, de los que asimétricamente se puede imponer como un poder omnímodo. El acceso igualitario a la justicia debe ser la aspiración moral de un orden político, su constitución es una reafirmación democrática.

Todo reconocimiento social ha sido primero una eticidad moral que se ha defendido por grupos humanos, la historia evalúa los procesos gruesos, y los ciudadanos reales padecen esa desigualdad de acceso a la justicia. La aspiración es un Estado administrado en la defensa de los intereses nacionales, y una vocación jurídica que iguale los derechos de los ciudadanos.

Ricardo Balladares

Sociólogo y Asesor Parlamentario.

 

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