NEGATIVA DEL GOBIERNO A RECONOCER MIGRACIÓN COMO DERECHO HUMANO: LA URGENCIA DE ENFRENTAR LA BARBARIE

Este lunes 10 de diciembre, el mundo dio un nuevo paso civilizatorio al lograr suscribirse por parte de 184 países, de los 193 que compone la ONU, el llamado “Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular”, que se trata de un primer gran esfuerzo de cooperación en una de las grandes materias de política internacional en el siglo XXI. Chile, junto a Estados Unidos e Israel, es uno de los pocos Estados que se negaron a firmar el compromiso… y la razón esgrimida resulta a lo menos  alarmante: La Moneda no reconoce la migración como derecho humano. Esta afirmación no sólo desconoce la historia de la especie humana -migrante desde antes que los primeros sapiens cruzaran el estrecho de Bering- sino que nuestra propia realidad como pueblo emigrante y de inmigrantes. Situación agravada para regiones transfronterizas como Tarapacá.

El gobierno chileno abundó en su insostenible justificación, argumentando que el pacto no diferenciaba a la inmigración regular de la irregular, anteponiendo una cuestión administrativa como esta, a un derecho humano básico como es la movilidad humana, más aún en momentos de crisis o persecución. Y lo cierto es que la migración es un derecho humano, tal como lo establece tanto la Declaración Universal de los Derechos Humanos, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, siendo ambos tratados suscritos por el Estado chileno. Justificación insostenible además porque el pacto no es un documento vinculante para Chile, sino una mera declaración de intereses en virtud de la cual los Estados resolverán soberanamente, las vías administrativas para asegurar ese derecho. A la inversa, el rechazo del pacto, supone asumir una posición política que criminaliza la inmigración, vulnerando aún más la condición de los migrantes.

Pero incluso esta posición resulta insultante para la propia historia reciente de nuestro país y es que en momentos como hoy, resulta indispensable recordarle a la Derecha que hoy gobierna, que ellos fueron co-responsables de la mayor ola migratoria forzada que vivió Chile a lo largo del siglo XX, como lo fueron los más de 200 mil compatriotas que tuvieron que huir en su calidad de perseguidos políticos tras el golde de Estado de 1973. Compatriotas que ciertamente fueron acogidos generosamente por decenas de países en el mundo, incluso por aquellos que hoy son acusados por la Derecha de violar los derechos humanos, como lo es Cuba o los ex países de la llamada Europa del Este.  Asimismo, la pregunta que salta a la vista es… ¿cómo el Estado chileno espera asegurar el respeto a los derechos humanos de los compatriotas en el exterior –hay cerca del millón- si no está dispuesto a iguales compromisos para extranjeros?

Esta incomprensible decisión sin duda compromete la posición de Chile en el mundo como país civilizado y por tanto, respetuoso de los derechos humanos y respetuoso de los compromisos internacionales suscritos por ese mismo Estado. No es casual que incluso el conservador gobierno alemán, cuestionara públicamente al Estado chileno por este asunto. Estos mismos hechos, dan más sentido aún a las resoluciones de países como Francia y Argentina, de no extraditar a ex combatientes de la resistencia a la dictadura, al considerar los organismos pertinentes, que en Chile no estaban las condiciones para un juicio justo, ergo, que en nuestro país no existe un pleno Estado de derecho.

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